Mediante una resolución que lleva la firma del ministro de Economía, Pablo Olivares, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió prorrogar nuevamente por dos meses el funcionamiento de la Comisión Revisora que fuera creada por el Poder Ejecutivo a través del decreto Nro. 38 de 2023.
En dicho ámbito se analizan cada uno de los nombramientos que fueron realizados durante la gestión anterior, esencialmente en el período comprendido por los últimos seis meses de mandato, sobre la base de que ello transgrede lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El plazo original establecido en el decreto de diciembre y que planteaba su constitución fijaba un funcionamiento por sesenta días, que vencían el pasado 11 de febrero. En esa instancia, Economía estableció una primera prórroga por otros dos meses para dar continuidad al trabajo de revisión, extendiendo la vigencia de la comisión hasta el último 12 de abril. El 11 del corriente, nuevamente con la firma de Olivares, se amplió el plazo de trabajo de la comisión por idéntico período.
Fundamentos
En sus considerandos, la nueva resolución plantea la necesidad de concederle nuevamente más tiempo a la comisión revisora “atento a la existencia de situaciones en instancia de revisión, y a fin de garantizar la debida defensa de los distintos agentes que pudieran encontrarse en curso” por algunas de las causales mencionadas en el decreto que da origen a la comisión en cuestión.
En dicha disposición se apuntaban a todos los nombramientos presuntamente indebidos por haberse consumado durante los últimos dos trimestres de gestión, en cuyo período no deben firmarse actos administrativos que pueda incrementar el gasto corriente de la provincia.
Asimismo, se mencionan actos y contratos celebrados que, aun cuando no hayan estado comprendidos en el período mencionado – seis meses antes del fin de gestión-, “podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez, por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada caso”.
La Comisión está integrada por el titular de la Sindicatura General de la Provincia, el Fiscal de Estado; y por los titulares de la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública, y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.
A planta
A poco de asumir, la actual gestión reveló que la administración anterior cerró con la incorporación de unos “seis mil nuevos agentes” a la planta permanente del Estado. Las máximas autoridades mencionaron que entre ellos, se encontraban “funcionarios políticos y familiares de políticos”. Desde entonces, se inició el período de revisión mencionado para analizar la legitimidad de cada acto y confirmar sólo a aquellos que se ajustaran a derecho.
En la misma línea, el gobierno estudia una posible adecuación de la normativa vigente para evitar que en el futuro, los nombramientos políticos de cada gestión puedan solicitar posteriormente su incorporación a la planta permanente del estado. El tema era uno de los agendados para su desarrollo en la reunión de gabinete de este miércoles.
Con información de El Litoral
