“Hasta hoy a la mañana el acuerdo estaba prácticamente cerrado”, aclaró a C5N un diputado encargado acercar las posiciones con el resto de los bloques. La intención era lograr un dictamen que contemplara a estas cinco fuerzas para así consolidar una mayoría en el recinto que promueva las modificaciones en favor de los jubilados. De hecho, los textos no presentan casi diferencias. En la negociación, desde ambos lados cedieron en puntos que en los dictámenes iniciales no estaban contemplados.
A partir del pedido de sesión para el próximo 4 de junio impulsado por diputados del radicalismo, Hacemos, Innovación y la CC, no se descarta un posible acuerdo entre los firmantes y Unión por la Patria. Cuentan con tres semanas para afinar una estrategia conjunta.
Acuerdos y diferencias en la oposición
El desacuerdo más importante en la redacción de los proyectos tiene que ver con el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La oposición dialoguista manifiesta que se debe utilizar para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas. Por su parte, UxP sostiene que ese no debería ser el fin de los FGS.
Según pudo saber C5N, el acuerdo estaba vigente hasta que los diputados de las provincias comandada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que pertenecen a HCF, se pusieron firmes con la inclusión del FGS y las cajas provinciales. Acto seguido, se truncaron las negociaciones con UxP y esto desencadenó la firma de dictámenes por separado.
“Las diferencias son sobre cómo se pagarán las sentencias que hay a favor de los jubilados y qué se hace con el stock de deuda en función de la deuda de la Nación por las cajas de jubilaciones no transferencias de las provincias. No son estos ítems el núcleo conceptual del proyecto, pero ahí residen las diferencias”, expresó el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez.
Finalmente fueron 5 los textos que circularon. El de mayoría corresponde a Unión por la Patria -con 33 firmas- y en el mismo se realizaron modificaciones sustanciales en pos de lo conversado con los dialoguistas. Al principio se incluían una recomposición inicial del 30% y en el texto final aceptaron el 20,6% propuesto por los dialoguistas. Las críticas más importantes que hacían estos últimos sobre este punto tenían que ver con el costo fiscal al señalar que implicaba un 1,86% del PBI, mientras que con el 20,6% se recompone enero y sortea mejor la posibilidad de un veto presidencial.
El dictamen firmado por HCF, UCR, CC e Innovación cosechó 19 firmas. En ambos casos la movilidad está armada en base al índice de inflación, con un adicional semestral en base a la diferencia entre el RIPTE y el IPC. Cuando los salarios le ganen a la inflación, se pagaría el 50% de esta diferencia.
Por su parte, el PRO y La Libertad Avanza firmaron dictámenes separados. El de los oficialistas fue una ratificación del DNU 274/24 del Ejecutivo. En tanto, el de los amarillos contempla una actualización por IPC y un adicional anual del 30% entre la variación del IPC y el RIPTE. El punto más criticado de este proyecto es el de pagar la compensación del 8% en 12 cuotas mensuales impulsado por María Eugenia Vidal.
Con información de C5N
