Sin debates en el recinto, por unanimidad, la Cámara de Diputados votó cuatro proyectos de ley, entre ellos la reforma a un artículo de la Ley de Tránsito para permitir agilizar el trámite de renovación de la licencia de conducir para los casos en que el titular la haya extraviado o le haya sido robada o hurtada. Los cuatro proyectos llegaron al recinto con dictámenes de las comisiones y acordado el tratamiento en Labor Parlamentaria. Diputados se fue al receso girando esos cuatro proyectos al Senado.
En tanto, al momento de las manifestaciones, Amalia Granata (Somos Vida) cuestionó la figura del Fiscal de Estado, Domingo Rondina, en el marco de la causa inundaciones donde representó a muchas de las víctimas que ahora ganaron los juicios ante la provincia donde su estudio pasará a cobrar los honorarios profesionales. La legisladora cuestionó que no avalaron su pedido de tratamiento sobre tablas del pedido de informes sobre la materia así como otro pedido acerca del contrato con un estudio jurídico de Capital Federal para litigar ante la Corte la deuda previsional de Nación.
El primer proyecto aprobado fue impulsado por el socialista Rubén Galassi para modificar un artículo de la vigente Ley de Tránsito con el fin de evitar reiterar trámites a la hora de renovar la licencia de conducir de aquellos conductores afectados por robos o pérdida del documento. Si le faltaba más de un año para el vencimiento, esa renovación se hará sin la obligatoriedad de asistir a los cursos teórico-prácticos de formación vial ni los exámenes sicofísico, teóricos, teórico prácticos y práctico de idoneidad conductiva. “Es una medida que permitirá ahorrar tiempo al ciudadano y recursos al Estado. Es una forma de acercar al ciudadano al Estado” destacó el socialista en su breve fundamentación.
“El proyecto de ley pretende aportar al proceso de simplificación normativa impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial y sancionado por la actual composición de ambas Cámaras en el marco de la ley 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública eximiendo del cumplimiento de ciertos requisitos a la reimpresión de una licencia de conducir con más de un año de vigencia en aquellos casos donde su titular haya denunciado el robo, perdida o extravío del correspondiente carnet”, señala los fundamentos del texto.
Por otra parte, de la también socialista Varinia Drisun se votó un proyecto de ley disponiendo que el 26 de abril de cada año se conmemore el Día de la Autonomía Santafesina, fecha que recuerda la designación de Francisco Antonio Candioti como primer gobernador de Santa Fe en 1815. Carlos Del Frade llamó a valorar la fecha del 29 de junio de 1815 donde Santa Fe participó de la declaración de los Pueblos Libres patrocinada por Artigas. Luego, la Cámara votó una resolución de otro socialista, Mariano Cuvertino, para realizar jornadas sobre Constitución y Federalismo en el marco de la conmemoración de la autonomía provincial, la independencia de la Liga de los Pueblos Libres y la aprobación del Estatuto Provisional de 1819, considerada la primera constitución argentina.
Las dos restantes votaciones correspondieron a validar un acuerdo entre las loterías de Santa Fe y de Córdoba y para la adhesión de Santa Fe a la ley nacional N° 27716 de Diagnóstico Humanizado. Esta última iniciativa es de Natalia Armas Bellavi (Vida y Familia) quien explicó la ley nacional “tiene por objeto asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.
En caso de que el Senado complete el trámite, Santa Fe será la quinta provincia en adherir a la norma sancionada en mayo del pasado por el Congreso. En la Argentina son 48 mil personas que tienen el síndrome de Down de los cuales el 85% está fuera del mercado laboral y el 66% de ellos no puede acceder al certificado de discapacidad, según Armas Bellavi.
Funes
La decisión del Poder Ejecutivo de la provincia de frenar el desarrollo de dos emprendimientos urbanísticos en la ciudad de Funes motivó que el justicialista Miguel Rabbia recordara en el recinto haber presentado ya tres pedidos de informes sobre el tema, dos de su etapa como senador provincial por Rosario. El médico rosarino dice estar esperando el informe del Instituto Nacional del Agua (INA) sobre el estudio de la cuenca de 740 km cuadrados. “La sobre carga de la presa podría poner en riesgo a muchos barrios del norte de la ciudad de Rosario” subrayó.
Contra el Fiscal de Estado
Para Amalia Granata la actuación del Fiscal de Estado, Domingo Rondina, en el marco de la causa Inundaciones es “escandalosa” y “bochornosa” al fundamentar un pedido de informes presentado con su firma y sin llegar al tratamiento en el recinto. “Cuando la Asamblea Legislativa debió votar el pliego dije que era un impresentable y no me equivoqué”, señaló al momento de las manifestaciones en el recinto.
Señaló que la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió a favor de una serie de damnificados por la inundación de 2003 cuyo patrocinio letrado fue de Rondina quien cedió derechos a los socios de su estudio. “Es un bochorno” dijo para señalar que la provincia debió apelar y no lo hizo y el fiscal espera que su socio cobre los correspondientes honorarios.
La legisladora insistió en que apoyará del gobierno de Pullaro las cosas que considere que se realizaron bien pero no puede dejar de pasar esta situación a la que insistió en definir como inmoral y bochornosa más allá de solidarizarse con las víctimas del fenómeno del 2003.
Antes, había ingresado otro pedido de informes referido a la contratación por parte del gobierno santafesino de un estudio jurídico de CABA para la presentación de la demanda por el tema jubilatorio ante la Anses. Sobre este punto, María Fernanda Castellani (Pro) solicitó sumar su firma.
Con información de El Litoral
