En una nueva jornada de alto voltaje político para el Gobierno, la Cámara de Senadores convirtió en ley la nueva fórmula jubilatoria que incluye un aumento del 8,1% de las jubilaciones y pensiones, pliega la fórmula a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece una suba adicional al año.
En ese mismo sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en las últimas horas que si la ley “sale como está prevista en el despacho de comisión, seguramente se va a vetar”. “No estamos en condiciones cargarle al estado el incremento que se pretende con esta ley”, agregó.
De todas maneras, el Congreso puede con los 2/3 de cada una de sus Cámaras insistir y aprobar la ley vetada por el presidente.
El debate
El primero en hablar fue el senador por CABA de Unión por la Patria Mariano Recalde, quien aseguró que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”.
“Aprobar esta ley es un actor de justicia y de reparación. En el 2015 un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”, agregó.
Luego llegó el turno del diputado por el radicalismo, Martín Lousteau, quien realizó una férrea defensa del proyecto impulsado por su bloque. Aseguró que “lo que estamos haciendo acá es un acto de justicia mínima” para los haberes jubilatorios los cuales, desde el 2017 “perdieron un 45% del poder adquisitivo”.
“Milei dijo que se le fue la mano con el ajuste. Parece una frase divertida pero atrás de eso hay gente que no puede vivir. Un tercio son jubilados”, sostuvo el legislador. Para luego remarcar que “si se les fue la mano, significa que hay gente que la está pasando mal. Es un acto de justicia mínima. Espero que tengan la responsabilidad mínima con los jubilados”.
“Para gastos reservados hay plata, para los jubilados no hay plata. Nosotros estamos convencidos que eso es inmoral y que las prioridades son las contrarias”, enfatizó.
Entre los primeros discursos del bloque de La Libertad Avanza, el senador Bruno Olivera Lucero, a través de un dictamen de minoría, propuso eliminar del proyecto los artículos 2, 4, 5, 10 y 3, que propone la compensación de 8,2% aplicado desde julio y no retroactivo a febrero.
“Lo interesante que el proyecto que tiene media sanción es que cuenta con el apoyo de la oposición. Lo que deja expuesto es que la fórmula de ellos no garantizó que los jubilados no pierdan”, expresó.
A su turno, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio respondió a la amenaza de Milei de vetar el aumento de los jubilados en caso de convertirse en ley. “El presidente otra vez nos dice degenerados fiscales. Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la cámara de diputados somos degenerados fiscales le quiero decir al presidente que él es un degenerado social que lo que hizo fue construir un escenario con 55,5% de pobres y 17,5% de indigentes en 8 meses”, expresó.
“La responsabilidad fiscal incluye como premisa cumplir con las acciones y las políticas del Estado. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Está en la Constitución nacional. Él es el irresponsable fiscal porque no cubre en lo más mínimo lo que necesitan los argentinos y argentinas como cuestión indispensable”, agregó la senadora.
Qué dice el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria
La iniciativa legislativa que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria que obtuvo media sanción de Diputados el 5 de junio pasado con 160 votos afirmativos, 72 negativos y ocho abstenciones propone:
- El haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor.
- Un pago extra de 8,1 % para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero.
- La fórmula de movilidad quedará atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
- La actualización se aplicará de manera semestral. Además, se establece un aumentos adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.
- Las deudas de las cajas previsionales provinciales deberán ser canceladas por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.
Con información de C5N
