En medio de un clima que es de cada vez mayor tensión y tirantez, la Corte pretendía volver a conversar esta semana con miembros del Poder Ejecutivo para intentar destrabar algunos puntos que hacen – según plantean- al propio funcionamiento de la justicia. Hace dos semanas, habían invitado a la reunión semanal de Acuerdo a los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; y al de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. Finalmente, terminaron asistiendo Cococcioni y Santiago Mascheroni. El máximo Tribunal reclamó por las vacantes no cubiertas y por designaciones demoradas. Sin embargo, quedó en el haber un planteo por mayores partidas presupuestarias. Desde los ámbitos tribunalicios se desliza que el Poder Ejecutivo somete al Judicial a cierto “ahogo financiero” por la resistencia a la intención del gobierno de Maximiliano Pullaro de renovar la Corte.
De allí, que la invitación para esta semana haya sido girada hacia fines de la anterior al ministro de Economía, Pablo Olivares. Pero según pudo saber El Litoral, la respuesta que se transmitió desde la Casa Gris es que “por cuestiones de agenda”, el funcionario no podrá asistir al Acuerdo de este martes. Se ofreció, en cambio, una reunión en el despacho de Olivares con los cortesanos, o con el referente que los magistrados dispusiesen. Así las cosas, la aspiración de la Corte es apelar ahora sin mas dilaciones ni mediaciones, a un encuentro con el propio gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.
Protesta
La enmarañada relación entre Justicia y gobierno provincial sumó este viernes un nuevo capítulo con una protesta inédita de magistrados, que quedó retratada en una también histórica fotografía de jueces en las escalinatas de los tribunales rosarinos.
La convocatoria, como había anticipado El Litoral, tenía como propósito debatir sobre temas “urgentes” para el sector. A los mencionados respecto de las vacantes y falta de presupuesto, se sumó el proyecto de reforma previsional que el jueves ingresó a la Legislatura a través del Senado.
Durante la deliberación, las autoridades del Colegio de Magistrados (Roberto Dellamonica e Iván Kvasina, presidente y vice, respectivamente) hablaron del 25% de vacantes no cubiertas, del presupuesto insuficiente para garantizar un servicio de justicia pleno, y de la dilación del Poder Ejecutivo en la firma de resoluciones sobre el personal del sector.
“La independencia del Poder Judicial exige que pueda administrarse y funcionar; es una garantía para los ciudadanos para que puedan tener decisiones judiciales independientes”, plantearon. Y acotaron que “estamos llegando a un estado de situación donde el servicio de justicia empieza a verse afectado por una serie de acciones y omisiones del actual gobierno. La calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro y se va trabando el funcionamiento del Poder Judicial”, sostuvieron.
Por las carencias mencionadas, aseguraron que en muchas ciudades de la provincia ya se brinda un servicio de justicia “de manera intermitente”, y en otro orden, cuestionaron la nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura que elimina el orden del mérito y lo sustituye por un “orden alfabético”. “Esto ha producido un quiebre – enfatizaron-; el gobernador quiere dejar de lado al jurado y elegir libremente entre los inscriptos, basado en su discrecionalidad política”, concluyeron.
Con información de El Litoral
