La docencia universitaria anunció un nuevo paro de 48 horas para esta semana -miércoles 11 y jueves 12- en reclamo de mejoras salariales, apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y en convergencia con la jornada de lucha por la movilidad jubilatoria.
El plenario de Conadu Histórica -que en Santa Fe tiene como gremio de base a Adul- resolvió el miércoles 11 sumarse a la concentración frente al Congreso de la Nación junto con organizaciones sociales y las centrales sindicales “en el reclamo de que la Cámara de Diputados rechace el veto firmado por el presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria”. En ese sentido, también se ratificó el “enérgico rechazo a la represión contra los jubilados”.
Por otra parte, el jueves 12, el Senado dará tratamiento a la Ley de Financiamiento Universitario que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja. “La Federación se mantiene en estado de alerta -para coordinar las acciones necesarias- ante el ya anunciado veto presidencial a esta legislación que permitiría salir del ahogo salarial y fija un piso de solución a la grave situación presupuestaria que atraviesa la universidad pública y sus trabajadores/as”, sostiene Conadu Histórica en un comunicado. Según se informó desde Adul, ese día también habrá una concentración en la Plaza de los Dos Congresos.
El pasado jueves 5, al no tratarse el proyecto en el Senado, la docencia universitaria llevó a cabo un paro, el cual se anunció a última hora del día anterior. Antes, hubo una medida de fuerza de 48 horas el 20 y 21 de agosto por reclamo salarial, las que se suman a las numerosas huelgas realizadas en el primer semestre del año.
Defensa de la universidad
Desde Conadu Histórica sostienen que el costo de la normativa es mínimo comparado con el impacto en el presupuesto nacional. “La Ley de Financiamiento Universitario cuesta 0,14% del PBI. Con solo lo que se bajó el Impuesto PAIS se pagaba todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para los docentes”, dijeron.
También el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante un acuerdo plenario a fines de agosto, otorgó apoyo formal y solicitó la aprobación del Senado y la posterior promulgación por parte del Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario. Entienden que el costo total de la puesta en marcha de esa ley es un 0,14% del PBI y es menos del 10% del acumulado que ha tenido como superávit primario el Gobierno nacional en estos primeros 7 meses.
Con información de El Litoral
