También, se instituye que si el DNU es dictado en receso del Parlamento –desde el 1 de diciembre hasta el 28 o 29 de febrero -, el Poder Ejecutivo debe convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias para su tratamiento.
La Libertad Avanza firmó un dictamen de minoría en rechazo de la reforma de la ley, con 9 firmas. Llamativamente, no contó con el apoyo de sus aliados del PRO en esta misiva. Además, se sumaron otros dos despacho de la Coalición Cívica y de la UCR.
El texto que lleva la signatura de Juan Manuel López (CC) propone, a diferencia del mayoritario, que no haya plazos para el tratamiento en el Congreso de un DNU. Sí coincide en que se necesite de una sola cámara para rechazar.
Karina Banfi, por el radicalismo, coincidió en ambos puntos con López: no establece plazos para el tratamiento y precisa de una sola cámara para rechazar un DNU. No obstante, agrega un artículo para fortalecer la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (la encargada de tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia) con un mecanismo que presione a su presidente para el tratamiento de los mismos.
Si bien la UCR tiene 3 integrantes en el plenario de comisiones, sólo firmó Banfi el despacho. Soledad Carrizo no pudo llegar a la reunión por cuestiones de transporte, pero Francisco Monti estuvo presente durante la jornada y no firmó el despacho de su bloque.
Los bloques opositores que firmaron el dictamen de mayoría, podrán reunir sin problemas los votos en el recinto para la aprobación. Tendrán que trabajar a contrarreloj para pedir una sesión, dado que el próximo 30 de noviembre finaliza el período ordinario y, la convocatoria a extraordinarias depende del oficialismo.
Además, ante la posible sanción de la ley (a la que también le quedará el tratamiento en el Senado), está la amenaza latente del veto presidencial. Sobre el cierre de la reunión, el diputado oficialista Lisando Almirón vociferó “No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido veto, por hipócritas, por mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica”.
Con información de C5N
