– ¿Qué implicancias tienen, en la práctica, los resultados de la auditoría?
Tras casi nueve meses de relevamiento, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano anunció los resultados de la auditoría realizada sobre los comedores comunitarios de la provincia. El trabajo implicó la visita a 887 instituciones; de ellas, 250 presentaban algún tipo de irregularidad. Sin embargo, según precisó a El Litoral el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile, el 50% de ese grupo “observado” logró ordenar su situación y cumplir con los requisitos establecidos. Los casos más obscenos señalados por el funcionario fueron los de aquellos establecimientos en los que, a partir de las tarjetas institucionales, se produjo una “sustracción de identidad”. Sobre la base de los resultados del relevamiento, se judicializaron 15 casos correspondientes a la ciudad de Rosario. Dos de ellos, fueron por direcciones inexistentes, 3 por datos falsos, dos por malversación de fondos, 7 por suplantación de identidad y uno por venta indebida de mercadería.
– Para nosotros es importante porque carecíamos de todo tipo de datos respecto de lo que era la política alimentaria en la provincia. A partir esta auditoría, pudimos optimizar los recursos. En segundo lugar, pudimos transparentar el manejo de fondos y ordenar los procesos. Para que se comprenda; cuando teníamos que iniciar una tarjeta institucional, carecíamos de la orientación o del criterio de cómo tomar el caso. Contábamos con más de 800 instituciones. Cada una de ellas brinda diferentes servicios y en distintos lugares para determinadas cantidades de personas. Se hacía bastante difícil, entonces, tomar una decisión. Pero desde el 2 de enero hasta fines de agosto hicimos este relevamiento que nos demostró que casi el 30% de las tarjetas instituciones tenían algún tipo de irregularidades. De ese porcentaje, que representa unos 250 comedores, la mitad se pudo regularizar porque convocamos a las instituciones e iniciamos una instancia de diálogo. En algunos casos, la irregularidad era administrativa (falta de rendición de cuentas, cambio de titularidad, irregularidad en las comisiones directivas…), pero también se detectaron situaciones graves que las dimos a conocer. Lo más relevante fue la suplantación de identidad, lugares inexistentes o ‘comedores fantasmas’, datos falsos y malversación de fondos. Todos esos casos fueron judicializados. También pudimos georreferenciar cada comedor, servicio de merendero y copa leche. Y vamos a hacer la entrega de cartelería con QR para que también cada ciudadano pueda conocer qué servicio presta la institución, para qué cantidad de personas, cómo está vinculado con el Gobierno y si está vigente o no.
– ¿La pretensión es seguir con un sistema de control o monitoreo permanente de los comedores?
– Sí, el control lo hicimos porque justamente no teníamos datos (cuando se inició la gestión). A partir de ahora, el control es cotidiano. Seguimos siempre con diálogo y con contacto con los establecimientos, más el control. Ahora estamos convocando a las instituciones para que actualicen sus datos, es decir, el listado de beneficiarios, lugar donde prestan el servicio, días y horarios, más la cantidad de personas. Es una suerte de reempadronamiento. No nos quedamos con el control estricto, sino que empezamos a reconocer lo que faltaba, todo, a partir del diálogo. También hicimos un convenio con la SAL para el manejo de los alimentos. De esa manera, de los 250 comedores que dijimos que encontramos con irregularidades, se pudieron corregir en el 50% de los casos. Otros 124 los tuvimos que dar de baja. Y a partir del monto recuperado (más de 240 millones de pesos mensuales), pudimos hacer 180 altas. Por lo tanto no sólo consolidamos lo que teníamos, sino que aumentamos la asistencia. .
– Respecto de los casos más graves, ¿la justicia pudo determinar si hubo sectores políticos involucrados?
– Estamos esperando que la justicia avance con su actuación. Nos han pedido información y estamos atentos a lo que se nos requiera. Pero todo está en manos de la justicia, y respetamos eso.
– ¿Se ha incrementado la demanda de asistencia a partir de la actual coyuntura?
– Habíamos notado un incremento de entre un 25 y 30%. Pero ello se vio compensado con las nuevas altas que generamos en comedores, a partir del ahorro de recursos. Obviamente, se acercan nuevas instituciones que quieren o necesitan tener un comedor, pero nosotros analizamos cada caso y a partir de allí tomamos la decisión de conveniar o no. También es importante decir que a partir de diciembre, nunca cortamos el servicio. Es decir, teníamos dudas y sabíamos que había situaciones irregulares, pero nunca dejamos de brindar el servicio alimentario.
Con información de El Litoral – Imagen de portada Sergio Basile
