La Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda está al borde de una crisis financiera por la deuda acumulada de Vicentin, que ya ronda los 600 millones de pesos. El intendente Gonzalo Braidot advirtió que, si no se encuentra una solución urgente, se pondrá en riesgo la prestación del servicio de energía en toda la ciudad y los salarios de los trabajadores de la cooperativa.
“Es un efecto dominó que afecta a toda la economía de Avellaneda”, dijo el intendente en una entrevista con AIRE. La situación se agravó tras la decisión judicial de intervenir la empresa Vicentin y garantizarle el suministro eléctrico por 90 días, a pesar de su morosidad. Según Braidot, esta medida desatiende el impacto directo sobre prestadores chicos como la cooperativa local, que no tiene espaldas financieras para sostener semejante volumen de deuda.
El jefe municipal explicó que la cooperativa ya arrastra una deuda de $600 millones por parte de Vicentin y que, de continuar sin pagos durante tres meses más, ese monto podría alcanzar los $2.000 millones. “La cooperativa no puede soportarlo sola. Está en juego su viabilidad y la continuidad del servicio eléctrico en toda la ciudad”, advirtió.
Braidot señaló además que detrás de la planta fabril de Vicentin hay otras empresas que están sosteniendo la operatividad a pulmón: “La Unión Agrícola de Avellaneda aporta granos, Bioenergía sigue apostando a la planta de etanol. Pero si no hay diálogo, si no se contempla a los que están sosteniendo el sistema, todo se cae”.
“El problema no es sólo Vicentin. Si la empresa colapsa, se lleva puestas a otras industrias: una algodonera, metalúrgicas, transportistas, tercerizadas. Por eso venimos reclamando una mesa de diálogo urgente y una solución que no castigue a los actores locales que todavía están poniendo el hombro”, remarcó.
La tensión escaló esta semana cuando la cooperativa decidió cortar el suministro eléctrico a la planta de Vicentin. “Se priorizó resguardar a los socios y trabajadores de la cooperativa”, justificó el intendente. La decisión encendió las alarmas y finalmente provocó una reunión con los interventores para intentar resolver la situación.
“Estamos defendiendo la fábrica, no a la empresa. Nos importa que siga funcionando, que no se pierdan los puestos de trabajo. Pero no puede ser que el costo lo sigan pagando los mismos de siempre”, concluyó Braidot.
Con información de Aire de Santa Fe
