Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó la condena de tres años en suspenso para dos empresarios arroceros que realizaron terraplenes ilegales sobre la ruta provincial 1 y causaron estragos dolosos en jurisdicción de Colonia Teresa, en el departamento San Javier.
Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y Raúl Francisco Carlen, cuyo reciente fallo fue dictado por el juez Oscar Burtnik que, además de confirmar la pena, les ordenó solventar todas las obras necesarias para recomponer el ambiente, según lo estipulado por la Ley General del Ambiente (ley nacional número 25.675).
Desde la Fiscalía señalaron al respecto que la sentencia confirmada fue una de las primeras en contemplar este tipo de daño en la provincia de Santa Fe. La fiscal Ilera habló con AIRE durante el programa Ahora Vengo.
Según la resolución judicial, los empresarios actuaron de manera dolosa, ya que no hubo negligencia porque los condenados estaban al tanto del grave daño que podían causar con los terraplenes que levantaron.
El fallo, además, estableció un plazo de 90 días para que sean los empresarios arroceros –y no la persona jurídica que integran ni el Estado- quienes presenten un plan de remediación por el daño causado.
El caso
Según estableció la causa, los condenados desviaron el cauce natural del arroyo Saladillo Dulce y afectaron así su valle de inundación para mejorar sus rindes. Tal maniobra comenzó en 2007, cuando levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superaban los dos metros y medio de alto. A su vez, construyeron canales de riego y desagües que impidieron el normal escurrimiento de la zona.
En enero de 2019, producto de las obras clandestinas, se derrumbó un tramo de la ruta que impidió el paso por el lugar. Inclusive, la Fiscalía sostuvo que los terraplenes produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria arrocera e hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa.
Tras conocerse la resolución, la fiscal Ilera habló con AIRE y valoró que el fallo ordenó a los empresarios a que sean ellos mismos los que se hagan cargo de la reparación del daño ambiental ocasionado. “Es algo completamente innovador, tiene que ver con el tema del derecho al ambiente sano, que está contemplado en la Constitución Nacional”, destacó la funcionaria de la Unidad de Delitos Complejos del MPA.
“Acá lo que vendría a ser centro norte de la provincia de Santa Fe es el primer antecedente por estrago doloso, o sea, esto no fue una negligencia, sino que fue asumiendo lo que podía pasar con su hecho, ya que está comprobado que se los había intimado anteriormente a que bajaron los terraplenes y no lo hicieron”, remarcó la fiscal.
Con información de Aire de Santa Fe
