La Legislatura completó la sanción de dos leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar deuda por 1.150 millones de dólares aunque con realidades diferentes. El crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 150 millones ya fue concedido mientras que la posibilidad de emitir hasta 1.000 millones deberá atravesar un largo periplo administrativo para concretarse.
El peso del tratamiento de ambos mensajes del Poder Ejecutivo corrió por cuenta de la Cámara de Diputados ya que el Senado había aprobado ambos temas por unanimidad. Sin embargo, la Cámara Baja introdujo dos modificaciones al mensaje sobre la emisión de deudas por lo que el expediente volvió a la Cámara Alta que en pocos minutos lo convirtió en ley.
En Diputados, sobre el tema CAF hubo acompañamiento de gran parte del arco político. Solo votaron en rechazo los dos diputados de Somos Vida y Familia así como Natalia Armas Belavi mientras que Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) optó por la abstención. Unidos, los diferentes espacios justicialistas y el Frente Amplio por la Soberanía acompañaron con el voto.
Este crédito está destinado al financiamiento del llamado programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario. El préstamo tendrá una tasa del 6% con un plazo de amortización de 18 años con 66 meses de gracia.
En cambio, hubo un amplio e interesante debate acerca del pedido del Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de U$S 1.000.000.000 con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Tras negociaciones internas en Unidos, en Diputados, el oficialismo introdujo dos modificaciones al texto venido del Senado. Por un lado, precisa que el monto autorizado que se utilice para gastos de capital, será destinado en un cincuenta por ciento (50%) a gasto de capital en infraestructura productiva, en un veinticinco por ciento (25%) a gasto de capital en infraestructura social y, en el veinticinco por ciento (25%) restante a gasto de capital en seguridad pública.
La otra modificación apuntó a integrar en el ámbito de la Legislatura de una Comisión Bicameral permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento autorizado y que estará compuesta por cinco senadores y cinco diputados. “La Comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus fines”, agrega el artículo.
Con esos cambios, Unidos dio dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y luego en Asuntos Constitucionales y logró la habilitación del tratamiento sobre tablas de ambos despachos. El justicialismo no acompañó ni el tratamiento sobre tablas ni la aprobación del texto marcando claramente diferentes en cuenta al monto, oportunidad y camino elegido. Lo hizo especialmente a través de Walter Agosto y Omar Perotti sumando las voces de Marcos Corach y de Lucila De Ponti. Tampoco votaron Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar ni el Frente Amplio por la Soberanía que sí respaldo el tratamiento sobre tablas. Unidos más bloques aliados lograron 30 votos favorables contra 13 de rechazo.
Jimena Senn, Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino, Dionisio Scarpin, Rubén Galassi y José Corral fueron las voces oficialistas defendiendo la decisión de salir a buscar capitales para avanzar con la necesidad de infraestructura que tiene la provincia.
Las otras voces opositoras que se escucharon contra el proyecto fueron las de Carlos Del Frade, Silvia Malfesi, Argañaraz y Armas Belavi aunque con diferentes miradas.
El justicialismo puso el acento en el monto de la deuda, la oportunidad de salir al mercado y la falta de ensayos de otros caminos para buscar financiamiento, no son dejar de mencionar las autorizaciones que tiene hoy el Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto y en otra ley especial. Agosto señaló que son 630 millones de dólares autorizados más el remanente que tiene la provincia de los títulos del pago de la deuda de Nación y que -subrayó- equivalen a 570 millones de dólares. La otra fuerte imputación que hizo el justicialismo fue la falta de precisión de las obras a financiar con ese dinero. El ex ministro Agosto en una exposición económica y política también cuestionó la autorización para canjear la deuda emitida oportunamente. “No hay apuro, ni hay justificación para emitir esta deuda” marcó.
Luego, fue Perotti quien pidió que no corran a su bancada en que no quiere obra pública ni autoriza endeudamiento y lamentó que no haya podido haber un acercamiento con el gobierno. “No entiendo el apuro; no entiendo como no ensayan otros caminos. No generamos dólares y cada vez que se produce una devaluación necesitamos más pesos para comprar los dólares para pagar la deuda”, subrayó. No dejó de recordar que su administración no defaulteó la deuda como aconsejaba el gobierno nacional de entonces y eso pone en valor a la provincia de Santa Fe en los mercados externos.
“El oficialismo debió realizar mayores esfuerzos para consensuar este proyecto” destacó Perotti quien antes admitió las dificultades de su gestión por la pandemia y la mayor sequía padecida por la provincia.
Las voces oficialistas, en cambio, valoraron la solidez financiera de Santa Fe, la decisión de avanzar con el plan de infraestructura para equilibrar la provincia. “Santa Fe tiene cultura de responsabilidad de cumplir sus compromisos” destacó Blanco. Scarpin valoró el significado multiplicador de la obra pública y necesidades que tiene el norte; Galassi comparó el nivel de endeudamiento con otras provincias mientras que Corral ponderó la responsabilidad de los gobiernos, mencionando especialmente a Antonio Bonfatti y Perotti, ambos diputados, y recordó que Pullaro lo primero que atacó son los déficits para hacer una provincia más solvente.
Características
Los términos financieros de las operaciones de crédito público autorizadas por hasta mil millones de dólares deberán ajustarse a los siguientes parámetros:
* Tipo de deuda: directa, externa y/o interna.
* Plazo mínimo de amortización: dos años.
* Plazo máximo de amortización: doce años.
* Tasa de interés: podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.
El texto sancionado designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación facultándolo para dictar normas complementarias, reglamentarias y/o aclaratorias, incluyendo todas las reglamentaciones pertinentes que establezcan las formas o condiciones a las que deberán sujetarse las operatorias autorizadas en el marco de la presente ley.
Con información de El Litoral
