El Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones por discapacidad laboral como parte de una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida generó fuertes críticas por parte de organizaciones, familias y referentes del sector, quienes denuncian falta de acceso a información, trabas burocráticas y un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas afectadas.
La palabra de Gabriela Bruno luego de la suspensión de las pensiones por discapacidad laboral
“Es gravísimo lo que está ocurriendo. Estamos hablando de personas que, de un día para el otro, se quedan no solo sin pensión, sino también sin cobertura médica del programa Incluir Salud”, expresó Gabriela Bruno, referente nacional en derechos de personas con discapacidad, en diálogo con el programa de AIRE 6AM. Desde distintas provincias del país, se multiplican las voces que advierten que la auditoría no contempló la realidad estructural y socioeconómica de miles de beneficiarios, que en muchos casos ni siquiera fueron debidamente notificados.
Además, Bruno alertó sobre la falta de articulación con los sistemas públicos de salud provinciales para facilitar la actualización de historias clínicas, un requisito clave para sostener la pensión. “Se les pidió a muchas personas que viajaran cientos de kilómetros para cumplir con la auditoría, en lugares donde no hay transporte accesible ni medios adecuados para hacerlo dignamente. Es un retroceso enorme”, señaló.
La medida, que según los datos oficiales afectó al 60% de los beneficiarios que no pudieron presentarse a la revisión médica obligatoria, despierta además cuestionamientos éticos y políticos. “Esto no es un control con fines de mejora. Ya tenían definidos los recortes antes de iniciar la auditoría. Y detrás de esto, hay una caja enorme: el programa Incluir Salud, que hoy queda desfinanciado para muchísimas personas”, remarcó Bruno.
La referente también criticó que los controles se hicieron mayoritariamente en efectores de salud privados, en lugar de utilizar los dispositivos públicos provinciales, lo que evidencia —según afirmó— una posible red de negocios con grupos empresarios del sector salud.
Finalmente, Bruno hizo un llamado a no bajar los brazos y a presionar para que no se vete la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue votada por unanimidad en el Congreso. “Esta situación no solo vulnera derechos básicos, sino que también devuelve al encierro a muchísimas personas. Necesitamos visibilizar, denunciar y que esto no pase inadvertido”, concluyó.
Con información de Aire de Santa Fe
