En la proa del Monumento a la Bandera hay 124 rosas blancas numeradas. Una por cada víctima confirmada del fentanilo contaminado usado en las terapias intensivas de distintos hospitales del país, sobre todo en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Son las 18 del jueves y los primeros familiares se concentran. Llegan con fotos, carteles y velas que encenderán más tarde. Algunos se conocen. La mayoría se ve las caras por primera vez.
Hasta acá, hasta este acto programado para reclamar justicia contra los responsables penales, y también políticos, no se habían juntado. No de esta manera: es el primer encuentro federal ante la mayor masacre sanitaria del país.
No hablan de accidente, ni de tragedia, sino de un homicidio por una cadena de desidias y de corrupción que van desde el laboratorio que fabricó la droga que se utiliza para sedación y analgésico en diciembre de 2024 (Ramallo S.A.), sigue con la droguería que lo lanzó al mercado los primeros días de enero (HLB Pharma, de los mismos dueños) y luego con la falta de controles.
Una carencia de inspecciones que –pese a denuncias anteriores– permitieron la circulación de 154 mil ampollas del lote 31.202 de fentanilo hasta mediados de mayo de 2025. En todo ese tiempo fue aplicado a una cantidad de pacientes que todavía no se conoce del todo, una cifra que sigue en construcción.
“Furfaro y compañía genocidas”, dice uno de los carteles por el empresario acusado. “Anmat prohíbe lote 31.202 tarde, 124 muertes”, resume otro sobre el ente de control que falló.
Frente a las rosas y las pancartas, Valeria se saluda con Ivana, una de las organizadoras, y también con Gisela y Walter. Son dos hermanos que se enteraron hace poco, unas dos semanas, que su mamá Inés también fue víctima del opioide contaminado con bacterias. Entró un 2 de mayo a terapia del hospital Italiano y falleció el 10. Valeria dice que su papá, Roberto Cuaglia, de 67 años, entró caminando y haciendo chistes por una anemia el 5 de mayo. Lo sedaron porque pasó una mala noche, al otro día lo llevaron de urgencia a la terapia. No volvió a hablar y murió el 20.
Las historias se amontonan. Finales abruptos, inesperados, falta de explicación de los médicos. Se cuentan sus pesares, pero el acto que está por empezar no es solo para eso.
16 de abril. Los familiares de pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el hospital Italiano del centro de Rosario se reconocen. Pasan los días y las infecciones no mejoran. Algunos logran salir pero al tiempo vuelven a caer. Se repiten las angustias, la falta de respuestas para esos cuadros graves que los especialistas no logran controlar.
Vanesa Vilches llora y se abraza a su hermana. Le acaban de informar que su padre, Héctor, un hombre sano y fuerte de 74 años, contrajo una bacteria peligrosa y por eso su estado es delicado. La operación de cálculos en la vesícula programada del 25 de febrero había salido bien pero debió regresar a urgencia por una fiebre muy alta.
Carla Maino también tiene a su papá, Miguel de 67, internado en la UTI, desde el 27 de marzo. No son amigas pero comparten esa larga espera. La ve mal y se acerca a saludar.
–Nos avisaron que tiene una infección por la bacteria Klebsiella –le cuenta Vanesa.
–Mi papá se está muriendo por lo mismo.
Al otro día, 17 de abril, el padre de Carla fallece por septicemia. No se vuelve a ver con Vanesa. Pasan las semanas y ella, que es odontóloga, sigue sin entender lo ocurrido. Recién logra calmar su mente cuando escucha hablar de muertes por fentanilo en la radio. Investiga y detecta que su papá había recibido una dosis del lote 31.202 fabricado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.
Pese al dolor, entender qué era lo que realmente había pasado le da al menos una certeza. Piensa que lo mejor no es quedarse sola sino salir a buscar a otras personas en la misma situación. Se empieza a mover con conocidos y comparte un flyer con otros apellidos de víctimas por las redes sociales.
La imagen le llega a Vanesa por una amiga en común. Mira la foto de WhatsApp. Esa mujer es aquella compañera de esperas en la UTI del Italiano. Se hablan. Carla se entera de que el padre de ella también falleció, once días después.
Muchos familiares culpan a los médicos de los hospitales y sanatorios. Por no darse cuenta, por no explicar, por falta de empatía y por no avisar de lo ocurrido después. Leonardo Caruana es uno de los concejales de la ciudad que se suma al acto. Fue secretario de Salud y conoce el sistema. Entiende el dolor pero apunta a la contaminación de las ampollas del fentanilo en origen (con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) y no a los centros de salud que son receptores.
Caruana remarca algo más: “La degradación de las instituciones que deben controlar el sistema sanitario y la pérdida de jerarquía del Estado”. Muchas veces se mide el ajuste en despidos del personal o en la baja de salarios, hay un impacto indirecto, más difícil de percibir, pero que trastoca el funcionamiento de los organismos. Y eso, señala, genera daños que cuando se detectan ya es tarde.
Mónica Fein es la presidenta de la comisión investigadora del caso en la Cámara Diputados de la Nación. Destaca que ese cuerpo se creó con apoyo unánime de todos los bloques y adelanta que el próximo 3 de noviembre sesionará en el Concejo de Rosario para escuchar a los familiares y avanzar con el informe que presentarán en diciembre.
Propone fortalecer el Anmat por una ley (hasta ahora existe por una resolución que se hizo por otro caso fatal, el propóleo contaminado de 1992), regular la trazabilidad de los medicamentos desde el laboratorio a los pacientes y también indagar en por qué el Ministerio de Salud nacional no actuó a tiempo.
Llega la familia Oviedo desde La Plata y la saluda. Se dan un abrazo. Ellos le cuentan de su viaje. La exintendenta les dice que ella vive acá. También arriban los Ayala y los Francese.
Sol Francese es la mamá de Renato, un chico de solo 18 años. Fue internado el 25 de abril por un golpe en la cabeza y falleció el 5 de mayo en La Plata. Los forenses determinaron que el fentanilo contaminado influyó en más del 50% en su muerte. Es uno de los casos judicializados que complica a los responsables. Adriana Fancese, la tía del chico, es abogada y lleva la querella en la causa.
El acto empieza a las 19. Se arma un semicírculo de familiares frente al escenario y con una bandera tipo barredora. Un nene de remera negra, al lado de su padre que levanta un cartel, rompe en llanto. Se seca las lágrimas pero vuelven a salir. “La peor tragedia sanitaria no puede quedar impune”, “Se terminó la paciencia”, “Juicio y castigo a todos los culpables”, se suceden los mensajes escritos. Hay remeras con caras, fotos impresas, afiches o telas pintadas.
En la pantalla que mira al río Paraná, de espaldas al Monumento, un video resume la trama. En abril, en paralelo a las preguntas que se hacían los familiares de Rosario, una junta de infectología del Hospital Italiano de La Plata investiga qué está pasando con un brote de infecciones respiratorias graves. Detectan restos de patógenos en ampollas de fentanilo usadas en los pacientes.
El 2 y el 5 de mayo, el centro de salud informa detalles de lo ocurrido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmtat). Recién el día 8, el ente emite un alerta para que no se utilice el lote 31.202 de la droga producida por el laboratorio HLB Pharma.
El 13 de mayo, el organismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico. Las plantas de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma son inhibidas. El dueño, Ariel García Furfaro, es el principal imputado.
Nueve años antes, en 2016, el Laboratorio Apolo explotó en Rosario. García Furfaro, uno de los accionistas, mudó su negocio a Ramallo. Audios y chats de los empleados confirman que las condiciones de trabajo eran inseguras y peligrosas.
Según el audiovisual de Infobae que reproducen los familiares, hubo 118 reportes de malas prácticas contra HLB Pharma entre 2018 y 2024. Anmat inspeccionó pero no clausuró y eso permitió no solo la producción del fentanilo letal sino la circulación entre enero y mayo en decenas de instituciones.
La titular del organismo de control fue desplazada por el Gobierno de Javier Milei. El juez federal Ernesto Kreplak procesó a 14 personas, entre directivos y empleados.
La masacre tiene nombres, historias de dolor. Son 124 confirmadas. Al escenario suben algunas para humanizar las cifras. Ivana, hija de Rosa, víctima del Italiano en Rosario, dice que le arrebataron la vida a su mamá y el alma a toda la familia por el trauma generado.
–No nos dejen solos, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Fue un envenenamiento masivo –cierra.
–¡Asesinos! –grita Liliana, la mamá de Leonel Ayala, de 32 años, fallecido en La Plata.
–¡Justicia, justicia, justicia! –repiten a coro.
Daniel Oviedo recuerda a su hijo. Tenía 44 años. Da un paso más que los otros familiares. Busca explicaciones. Asegura que “hay una pata penal y una política”, que “la motosierra rompe todo” y que desmantelar al Estado nacional “se llevó 124 vidas inocentes”.
“No va a quedar un solo responsable sin pagar por esta tragedia”, promete la abogada y familiar Adriana Fancese. La querella sostiene que “no fue un accidente sino un homicidio” y eso pelearán en la Justicia.
Cuando los familiares se bajan del escenario, se abrazan. Lloran juntos. A las 20, prenden las velas. Crean un luto colectivo, un espacio para contarse sus historias y juntar fuerzas para reclamar. Frenar la inercia pegajosa de la impunidad.
Con información de Rosario 3
