Con la metodología propia de su profesión de médico, el senador por el departamento Garay de la provincia de Santa Fe, Germán Baumgartner solicita información a la Agencia Provincial de Seguridad Vial respecto de “la radarización de las rutas provinciales”.
El radical, con la aprobación por unanimidad de la Cámara de Senadores, requiere que esa dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad informe sobre cinco ítems que, en los considerandos, buscan resolver la duda que debe asaltar a muchos al volante: ¿hay un mero afán recaudatorio o prevención?, ¿bajaron efectivamente los choques?, ¿qué dice la estadística en materia de siniestralidad en tramos bajo la radarización? Las preguntas anteriores no pertenecen a su pedido de informes pero son seguramente las que lo habrán provocado.
Como se verá más abajo, hasta ahora solo se sabe que hay muchas más multas producto de esos controles (el número de boletas por exceso de velocidad subió en un 50%) pero se desconoce si además de imponerse duros castigos económicos a quienes pasan los límites permitidos se ha logrado algún cambio en las conductas sociales.
En detalle
El texto aprobado por los senadores de todos los bloques no incluye, por ejemplo, dudas respecto de la muy baja velocidad requerida en ciertos tramos de los caminos, ni advierte del problema tan común de que el conductor se encuentra con señales que lo alerta sobre el “Control de la velocidad por radar”, sin que se indique cuál es la máxima permitida. Sin embargo, se va al meollo del asunto, al para qué de los radares.
En lo resolutivo el senador requiere: “a) Estadísticas comparativas de siniestralidad vial (accidentes con víctimas fatales y lesiones graves) en las zonas radarizadas versus no radarizadas, pre y post-implementación (período 2015-2025), con análisis causal que determine si los radares han contribuido directamente a la reducción observada; b) Evaluación técnica sobre si estos dispositivos cumplen primordialmente con un rol preventivo en la seguridad vial o si su operatividad se orienta mayoritariamente hacia fines recaudatorios, sustentada en indicadores como tasas de reincidencia en infracciones, impacto en el comportamiento conductor y relación entre multas emitidas y siniestros evitados; c) Detalle la existencia de estudios técnicos propios o independientes, así como comparaciones con otras jurisdicciones argentinas y extranjeras, respecto al impacto de los radares en la siniestralidad, su costo-beneficio y mecanismos de equidad en las sanciones; d) Información precisa sobre la distribución de los fondos obtenidos por concepto de multas por exceso de velocidad detectado por radares, especificando el monto total recaudado anualmente desde 2020 hasta la fecha (2025), desglosado por tipo de radar y ruta; y e) La proporción asignada al Estado Provincial, a los municipios y comunas involucrados, y a terceros (ej. proveedores privados), conforme a la normativa vigente, incluyendo ejemplos de ejecución presupuestaria en proyectos de seguridad vial o infraestructura”.
Los fundamentos
Con respuestas estadísticas a esas preguntas, tal como sucede en medicina con tasas sobre pacientes y tratamientos, es ciertamente posible saber si el remedio de las multas por velocidades máximas probadas con radares ha corregido a los imprudentes.
En los fundamentos, el propio médico de Campo del Medio y Helvecia comenta que: “La seguridad vial en la Provincia de Santa Fe constituye una prioridad ineludible para la preservación de la vida y la integridad de nuestros ciudadanos, en concordancia con los mandatos constitucionales y las normativas vigentes en materia de tránsito”.
“No obstante -reflexiona-, las medidas implementadas en las rutas provinciales, tales como la instalación y operatividad de radares fijos y móviles, han suscitado un amplio debate sobre su verdadero impacto en la prevención de siniestros viales versus su rol como instrumentos de recaudación fiscal”.
El autor del pedido de informes indica que “como se ha expuesto en proyectos legislativos recientes”, la expansión en el uso de estos dispositivos de control se inició en en 2018 y se consolidó entre 2020 y 2024.
Hasta ahora se sabe que con radares “se ha generado un incremento significativo en las infracciones por exceso de velocidad estimadas en mas de un 50% entre 2023 y 2024. Paralelamente, las sanciones, adquieren un carácter confiscatorio para vastos sectores de la población, afectando desproporcionadamente a los hogares de menores recursos”, advierte.
Y sigue: “Aunque datos del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) indican una tendencia descendente en la siniestralidad, esta baja se alinea con la curva nacional iniciada en 2017 y se atribuye en gran medida a factores como campañas de concientización, mejoras en infraestructura y la reducción de movilidad durante la pandemia, más que a los radares per se”, diagnostica el legislador.
“A nivel comparativo, provincias como Buenos Aires y Río Negro enfrentan críticas similares por el énfasis recaudatorio, mientras que paralelamente se reporta una reducción del 75% en choques en zonas radarizadas, aunque sin estudios causales concluyentes”, añade.
A nivel internacional, “organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) validan su potencial preventivo, con reducciones del 9% al 35% en siniestros, pero solo en contextos integrales y equitativos”, explica Baumgartner.
“En este marco, resulta imperativo que la Agencia de Seguridad Vial brinde información detallada y actualizada sobre la efectividad de estos dispositivos, su contribución real a la seguridad vial, la existencia de estudios técnicos o comparativos, y la distribución de los fondos recaudados, a fin de evaluar su alineación con el principio de proporcionalidad y el fin preventivo establecido en la normativa provincial”, expresa.
Con información de El Litoral
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