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Con información de Aire de Santa Fe
El Gobierno nacional de Javier Milei, mediante el Decreto 787/2025, dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que establecía pautas para la fijación y comunicación de cuotas y matrículas en cada una de las escuelas de enseñanza pública de gestión privada. Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que la resolución no impacta en la reglamentación provincial.
Desregulación educativa: escuelas privadas podrán actualizar aranceles
La medida, publicada en el Boletín Oficial de este 11 de noviembre de 2025, se fundamenta en la necesidad de adecuar el marco regulatorio a las condiciones actuales del sistema educativo y económico del país.
El decreto reconoce que “el esquema de financiamiento y control fijado en los años noventa —mediante los Decretos 2542/91 y 2417/93— responde a un contexto ya superado, cuando la administración educativa dependía directamente del gobierno nacional. En la actualidad, las competencias fueron transferidas a las provincias, lo que justifica la revisión del régimen vigente”.
Según se indica en los considerandos, las regulaciones anteriores limitaban la capacidad de los institutos privados “para ajustar sus aranceles de acuerdo con los costos reales y la situación económica del país, generando distorsiones que afectaban tanto a las instituciones como a las familias”. El Poder Ejecutivo advirtió que la intervención estatal previa en la fijación de precios “crea incertidumbre económica” y puede derivar en cuotas iniciales más elevadas por parte de los colegios, en previsión de aumentos futuros no autorizados.
Los puntos más importantes del Decreto 787/2025
- Derogación normativa: Se elimina el Decreto N.º 2417/93, que regulaba las pautas de comunicación y autorización de aranceles en los establecimientos privados.
- Revisión del régimen vigente: El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, deberá analizar el Decreto N.º 2542/91 y proponer las modificaciones necesarias para actualizarlo.
- Autonomía institucional: Se promueve que los institutos de gestión privada puedan definir libremente sus cuotas y salarios, conforme a los costos reales y condiciones del mercado.
- Actualización del marco federal: La medida reconoce que la educación “es competencia de las provincias, adecuando la normativa a la actual distribución de funciones”.
- Garantía de calidad educativa: “El objetivo declarado es favorecer un entorno más sostenible para los establecimientos de gestión privada, preservando la libertad educativa y la posibilidad de elección de las familias”, según los considerandos.
