La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y absorberla dentro del Ministerio de Salud encendió alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. La medida, conocida a fines de diciembre, fue cuestionada por organizaciones y activistas que advierten un retroceso hacia un modelo médico hegemónico, que reduce la discapacidad a una cuestión sanitaria y desconoce derechos básicos.
En diálogo con AIRE, la activista Gabriela Bruno expresó su preocupación por el impacto de la decisión y el desgaste que atraviesa el sector tras un año de fuerte conflictividad. “Fue un año de mucha lucha y también de conquistas. Logramos sostener la ley de emergencia en discapacidad y revertir vetos, pero lo cerramos con una medida que va en sentido contrario”, señaló Bruno.
La disolución de la ANDIS implica la pérdida de autarquía y capacidad de diseño de políticas públicas
Bruno explicó que la disolución de la ANDIS implica la pérdida de autarquía y capacidad de diseño de políticas públicas específicas. Al pasar a depender del Ministerio de Salud, la discapacidad vuelve a quedar asociada casi exclusivamente a la enfermedad. “Eso nos reduce a personas a ‘ser curadas’, cuando el enfoque de derechos habla de autonomía, acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda y a la vida independiente”, remarcó.
La activista recordó que Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, y que el nuevo esquema desconoce ese marco. “La agencia estaba pensada para garantizar derechos en múltiples dimensiones. Salud no puede ni debe ocuparse sola del acceso laboral, de la vivienda o de la participación ciudadana”, sostuvo.
Otro punto central del reclamo tiene que ver con el impacto presupuestario. Según Bruno, la centralización dentro de un ministerio implica recortes y pérdida de capacidad operativa. “Cuando dejás de ser un organismo específico, se achican partidas y se pierden herramientas. Eso ya se ve en las prestaciones, que no se suprimen formalmente, pero se vuelven inviables por los montos irrisorios que se pagan”, explicó. Puso como ejemplo el valor hora de profesionales y la situación crítica de centros de día y hogares, muchos de los cuales ya no logran sostenerse.
En ese contexto, también cuestionó las auditorías a pensiones por discapacidad, que calificó como “mal hechas y estigmatizantes”. Denunció traslados imposibles, contrataciones con sanatorios privados y procedimientos que volvieron a poner en duda la “veracidad” de la discapacidad o el nivel de pobreza de las personas auditadas. “Se vuelve a un lente anterior a la Convención, donde se pone la lupa sobre nuestros cuerpos y no sobre las barreras que impone el Estado”, afirmó.
Bruno agregó que, lejos de promover autonomía, el Estado critica las pensiones sin generar políticas de inclusión laboral reales. “Hay personas con discapacidad formadas, con capacidad de trabajar, pero no existen los puestos ni las condiciones. Así, se condena a vivir de una pensión mínima en lugar de garantizar un ingreso digno”, señaló.
Finalmente, la activista advirtió sobre rumores de intereses inmobiliarios en los predios históricos de la ex ANDIS y del antiguo Servicio Nacional de Rehabilitación, ubicados en zonas estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires. “Todo esto muestra una decisión política clara: ir contra el colectivo de personas con discapacidad y desmantelar políticas públicas”, concluyó.
Desde las organizaciones anticipan que continuarán visibilizando el conflicto y reclamando que la discapacidad sea abordada como una cuestión de derechos humanos, y no solo como un problema médico o administrativo.
Con información de Aire de Santa Fe
