El gobernador Miguel Lifschitz enviará a la Legislatura provincial el proyecto para implementar el juicio por jurados en territorio santafesino. Será obligatorio para delitos penados con prisión perpetua y algunos considerados graves, como los ataques a la integridad sexual. Los integrantes del jurado se elegirán por sorteo desde el padrón electoral; serán 12, seis hombres y seis mujeres. “Sin dudas esta mecánica le dará más confiabilidad a las decisiones de la Justicia en causas resonantes y mayor transparencia a uno de los poderes más cuestionados por la sociedad, como lo es el Judicial. Vamos a instituir un jurado popular objetivo y autónomo”, aseguró anoche.
El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde Lifschitz adelantó que “hay bastante consenso para que prospere”, por lo que estima que “antes de fin de año estará aprobado y comenzará a implementarse a principios de 2018”.
En tal sentido, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, destacó que la puesta en marcha será progresiva. “Estamos proponiendo que el juicio por jurados sea obligatorio para juzgar casos en los que se cometieron delitos graves cuyas penas implican prisión perpetua, como los homicidios y las violaciones seguidas de muerte”, detalló el ministro.
Sin medias tintas, calificó al proyecto oficial como “de vanguardia” y “el más avanzado del país”. “La diferencia sustancial con lo que sucede en otras provincias, como Buenos Aires, es que en esta iniciativa se contempla que para dejar sin efecto la sentencia todas las partes tienen que estar de acuerdo”, puntualizó.
Ser integrante del jurado será una carga pública, por lo que quien salga sorteado no podrá negarse.
Según explicó Silberstein, “el sorteo se hará el día anterior al comienzo de la audiencia, de manera tal que ningún integrante del mismo pueda recibir presiones de ningún tipo. El sorteo se hará desde el padrón electoral, y los elegidos serán 36 personas. De esa cantidad, las partes, fiscalía, defensa y el juez, mantendrán audiencias con cada uno para seleccionar a 12, seis hombres y seis mujeres. También habrá dos suplentes.
Una vez conformado el jurado, fiscalía y defensa deberán esgrimir sus argumentos para convencer al mismo de la culpabilidad o inocencia de un acusado. Para condenarlo, el jurado deberá deliberar y llegar a un fallo unánime, es decir, deberán ser concordantes las opiniones de los 12.
Si esto no sucede, en segunda instancia podrá haber fallo si hay 10 votos concordantes. Si aún así no se logran los votos necesarios, entonces se llegará a una tercera instancia tras la cual, de no haber 10 votos, el acusado quedará absuelto.
“Lo importante aquí es que quien condena es el jurado, y luego el juez es el que determinará la pena”, detalló Silberstein.
En relación a las apelaciones, destacó que “estarán muy restringidas, ya que todas las partes deben estar de acuerdo, lo que lo posiciona como un proyecto de vanguardia”.
A pesar de que algunos estudios arrojaron que en las provincias donde ya se está implementando este tipo de juicios el 66 por ciento resultó con condenas de culpabilidad, Silberstein minimizó que esta práctica pueda llegar a endurecer el sistema. “En rigor, en los fallos por jurados no se han detectado muchas diferencias entre lo que resolvió la gente y lo que hubiera resuelto un juez profesional”, destacó.
“Lo realmente positivo de este proyecto es que la sociedad pueda participar de la resolución de los conflictos más graves”, consideró.
En ese orden, el gobernador remarcó que “hoy hay un descreimiento de la gente sobre las resoluciones de la Justicia. A veces fundadas, otras no. Esto exige mayor esfuerzos de fiscales y defensores para convencer al jurado y uno confía en el sentido común del pueblo a la hora de emitir un veredicto”, puntualizó.
La iniciativa ingresará hoy a la Legislatura y Lifschitz es optimista que será convertida en ley durante este periodo ordinario de sesiones.
“Hoy existe un descreimiento en la Justicia. Y uno confía en el sentido común del pueblo al emitir un veredicto”.
