Comando de la Costa: comienza el juicio oral contra tres policías acusados de cometer torturas

Este miércoles, en los tribunales de Santa Fe, se dará el inicio al juicio oral y público en el que serán juzgados tres uniformados que prestaban servicios en el Comando Radioeléctrico tras haber sido imputados por torturas, vejaciones y falsedad ideológica, entre otros delitos.

El caso remonta al 2018, cuando una investigación dirigida por el fiscal Ezequiel Hernández (en portada), derivó en la detención de 23 policías de la fuerza provincial. En aquel entonces, el caso generó un fuerte impacto en la opinión pública por el tenor de las acusaciones del representante del Ministerio Público de la Acusación. Es que según indicó el funcionario judicial, los miembros de la fuerza, que prestaban servicios en el Comando realizaban procedimientos “ultraviolentos”, efectuaban allanamientos sin la orden de juez y hasta sustraían elementos de distintos domicilios.

Por la causa ya fueron condenadas la exjefa del Comando, Nadia Lucrecia Soperez, quien recibió una pena de ocho años y seis meses tras firmar un juicio abreviado. Lo mismo hicieron Juan Torres y Claudio Núñez, que acordaron ocho años y cinco meses, mientras que a Gabriela Cerf y Claudio Cerf, se les impuso tres años de cárcel de cumplimiento condicional.

Para el debate previsto de este miércoles estarán en el banquillo de los acusados Maximiliano Mendicino (34), Luis Exequiel Gómez (39) y Ariel Alejandro Sanabria (44), los cuales serán acusados por el fiscal Hernández, quien además estará acompañado por su par, Mariela Jiménez. Ambos solicitarán penas de 18 años para Sanabria (que será asistido por Sebastian Oroño), 15 para Gómez (representado por Natalia Giordano) y 12 a Mendicino (Jorge Qüesta).

El caso además cuenta con la participación de las abogadas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Vivian Galeano y Laura Gerard, que patrocinan a una de las víctimas del caso. Se trata de una mujer que cursaba un embarazo al momento de los hechos.

La prueba de los fiscales será presentada ante un tribunal conformado por la jueza Susana Lula, que oficiará como presidente, y sus vocales Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger. Todos escucharán la declaración de 112 testigos que fueron citados tanto por Fiscalía como por los defensores particulares.

Los cargos

La investigación que será ventilada a partir del próximo miércoles 3 de febrero, comenzó en octubre del 2017 luego de detectar que los uniformados habrían “vulnerado múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”.

Desde su inicio, el fiscal Hernández aclaró que algunas de las víctimas del caso fueron mujeres, niños y hasta personas con capacidades diferentes. En esa línea, el funcionario judicial acusó a los agentes de haber insertado declaraciones falsas en los distintos procedimientos “a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.

En concreto, Sanabria llega a juicio imputado por la coautoría de torturas; severidades (siete hechos); vejaciones (cuatro hechos); amenazas coactivas (seis hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (doce hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (tres hechos); hurto calificado; privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (cuatro hechos) y lesiones leves.

Gómez por la coautoría de los delitos de torturas (dos hechos); severidades (seis hechos); vejaciones; amenazas coactivas (cinco hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (diez hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (dos hechos); privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (tres hechos).

Y Mendicino la coautoría de severidades (cuatro hechos); vejaciones (dos hechos); apremios ilegales; amenazas coactivas (cinco hechos); allanamiento ilegal (nueve hechos); falsedad ideológica en instrumento público (siete hechos); robo calificado (dos hechos) También se le imputó la autoría de comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada (por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones).

*Fuente airedigital.com

Compartir
ads
ads
ads
ads