El decreto se conoce en momentos en que el ministro de Economía, Luis Caputo, está en Estados Unidos manteniendo reuniones con inversores y sin confirmación de reuniones oficiales con la cúpula del FMI. En ese contexto, los inversores siguen con dudas sobre el pago de los vencimientos del año próximo.
El gobierno de Milei ya había introducido esta habitación en la Ley Bases de diciembre 2023, aunque luego tuvo que retirarlo, e incluso el articulo 54 del Presupuesto 2025 presentado hace 1 semana establece la misma habilitación, sorteando los requisitos de la LAF, art. 65.
Lo que establece dicho artículo de la Ley de Administración Financiera “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.” (artículo 65)
Con la eliminación de este articulo no queda establecida ninguna pauta para renegociar la deuda. Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aún respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso.
Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), “ello podría ocurrir estirando plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias“.
“Una pauta de razonabilidad indicaría que, en todo caso, esa afectación del cupo de endeudamiento autorizado por la ley de presupuesto debiera producirse siempre que no se mejoren dos de los tres elementos: tasa, plazo y/o monto o siempre que se empeore el valor presente neto de la deuda”, amplió.
En ese sentido, “no debe perderse de vista que la del artículo 65 de la LAF no deja de ser una delegación legislativa, con lo cual debiera cumplir con los estándares jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema. Es decir: debe existir una exigencia, requisito o pauta de parte del Poder Legislativo para la tarea encomendada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, se trata de una habilitación sin controles: un cheque en blanco“.
El informe señala que “el mega canje de Sturzenegger en 2001 fue el caso paradigmático de una reestructuración de deuda ruinosa para nuestro país, que empeoró el perfil de deuda del Tesoro Nacional. Sturzenegger fue procesado por una maniobra que favoreció a sus amigos, unos 7 bancos que cobraron comisiones por USD 150 millones, por hacer de intermediarios de sí mismos”.
Con información de C5N
