Nada peor que en medio de los problemas crecientes de inseguridad y violencia narco en Rosario y en el conurbano bonaerense que los efectivos de fuerzas federales, que son claves en los despliegues en los territorios, estén disconformes.
Durante los últimos días empezó a circular un creciente malestar en los agentes de las cuatro fuerzas federales por los magros salarios que cobran. Por ese motivo había comenzado a tener apoyo dentro de las filas de estas fuerzas la posibilidad de hacer visible el reclamo por aumento de sueldo el próximo lunes en distintos puntos del país, como en el edificio Centinela, en el puerto de Buenos Aires; en el Monumento a la Bandera, en Rosario; en la plaza San Martín de Jesús María, Córdoba; en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy y en la plaza San Martin de Tartagal, Salta. En los mensajes que se viralizaron entre los agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de PSA se exponía que un efectivo con 15 años de actividad percibe unos 800.000 pesos mensuales.
El gobierno nacional decidió actuar con rapidez ante esta delicada situación para evitar que se desate un posible conflicto en un contexto complejo, con un conurbano bonaerense atravesado por los problemas de seguridad y con Rosario pendiente de un recrudecimiento de la violencia narco.
El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, adelantó que otorgará a los uniformados un 5% de aumento en el haber mensual a partir de marzo, según indica la resolución176/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Esperan que este anuncio descomprima la situación de bronca que muchos familiares de gendarmes y prefectos hicieron visibles en varios medios del interior del país, como Corrientes, de donde provienen muchos de los uniformados.
“Para promover el bienestar del personal que se desempeña dentro de las fuerzas, su profesionalización y el desarrollo de su carrera, se decidió implementar un incremento en los haberes básicos equivalente al 5% por encima de la pauta salarial a partir del próximo mes”, aseguraron en la cartera de Seguridad.
También se hizo foco especial en la situación del Servicio Penitenciario Federal, que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei pasó a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. Bullrich plantea que el SPF es hoy en la práctica la quinta fuerza de seguridad federal.
En consecuencia, se prevé reorganizar la escala salarial para equiparar los salarios con los de las otras fuerzas. “A fines de gestionar el proceso de modernización y reordenamiento de las estructuras salariales del personal y producto de haber encontrado grandes diferencias y distorsiones arbitrarias en los haberes del Servicio Penitenciario Federal, se entendió necesario equiparar los haberes conformados de su personal con los del resto de las fuerzas federales. En el marco de la correcta administración de los recursos públicos, dicha equiparación se realizará en dos etapas: una en el mes de marzo y otra en el mes de junio”, explicaron fuentes de la cartera de Seguridad.
La situación salarial en las fuerzas de seguridad federales había causado inquietud en los últimos días, cuando se anticipó una posible protesta en pedido de aumentos salariales de la que formarían parte familiares de efectivos en actividad y retirados, en un movimiento que en 2012 había escalado en forma imprevisible.
En la resolución se estableció también un incremento en la escala que corresponde a cada suplemento que cobran los uniformados federales, que son diferentes para cada fuerza, como “funciones de prevención barrial”, “recargo de servicios” o “zona”, entre otros.
El gobierno tomó esta decisión, a contramano de su plan “motosierra”, de ajuste fiscal, luego de que un informe de la “Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal” alertara a Bullrich que “hay una situación de malestar en las fuerzas de seguridad federales, en especial la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria” por cuestiones salariales.
En los testimonios transcriptos, gendarmes con 15 años de servicio dicen que cobran 800.000 pesos, pero que tienen que operar en Rosario o Buenos Aires donde los alquileres van desde 250.000 a 500.000 pesos, con lo cual –dicen– no cubren las necesidades básicas. En distintas páginas de internet, los voceros piden que los familiares acompañen a los gendarmes. Los rebeldes exhiben sintonía con el gobierno, aun cuando los mandan a reprimir, pero todo el foco está puesto en que no llegan a fin de mes.
Con información de Aire de Santa Fe
