En la Cámara de Diputados, la normativa del presupuesto tuvo 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención. Como para el Gobierno esta ley pone en riesgo el déficit cero, objetivo primordial de la gestión, ya adelantaron que será vetada en caso de ser aprobada.
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.
Además, establece que el Poder Ejecutivo tendrá a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).
De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.
Uno de los puntos centrales es que se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.
Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este mecanismo de aumento salarial no tendrá vigencia solo si habrá un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional. Otro punto de la iniciativa es que habrá control de la Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521.
Con información de C5N