La ley vetada por Milei proponía actualizar las partidas para los gastos de funcionamiento incluidas en el Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno, según la inflación acumulada de ese año y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indicó que la Ley implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones. Sin embargo, la gestión libertaria prometió su veto y presentó un Presupuesto 2025 que contempla un mayor ajuste sobre las universidades.
Con información de C5N
