En su mayoría, las agresiones consistieron en atacar la reputación de los periodistas (“Discurso estigmatizante”). En ese apartado, también Milei fue el principal agresor (61.54%).
Marcelo Longobardi, María O´Donnell, Sofía Diamante, Ernesto Tenembaum, Matías Martin, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez, María Laura Santillán, fueron algunos de los blancos elegidos esta vez.
La presencia de trolls en línea, que fomentan y sostienen campañas de desprestigio, se convirtió en el paisaje corriente del último tiempo en el espacio virtual. Distintos colegas e inclusive FOPEA han sido atacados especialmente por manifestar su mirada crítica sobre algunas definiciones del Gobierno nacional.
El llamado a una matriculación obligatoria para periodistas, que nunca fue aclarado debidamente en forma pública por el propio ministerio que publicó la convocatoria, es considerado por la organización como un dato más de esta avanzada contra la libertad de prensa.
Otro dato que se agrega a la lista de los últimos meses son las dificultades en el acceso a coberturas y entre ellas se inscribe la baja en algunas acreditaciones en la Casa Rosada sin explicación oficial. El caso de Silvia Mercado fue el más difundido y que se mantuvo por más tiempo o pero también hubo otros. FOPEA solicitó datos sobre las nuevas normas (si las hubiere) para determinar las acreditaciones, pero no ha habido respuesta hasta el momento.
Por otra parte, las disposiciones establecidas para la cobertura de actos públicos como el realizado entre el 8 y el 9 de julio en Tucumán, han dificultado el trabajo de los periodistas. Al contrario de lo que sucedía tradicionalmente, en ese caso losperiodistas no pudieron ingresar a la Casa Histórica y el lugar dispuesto para seguir el acto quedaba a una distancia que impedía aproximarse a los participantes y acceder a los detalles de lo que estaba fuera del recorte que la transmisión oficial hacía.
A esto se han sumado decisiones de algunos estamentos judiciales, como el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que impidió el acceso de la prensa a la audiencia preliminar de un caso por presunta corrupción.
También, se reiteran la judicialización o las amenazas de criminalizar la actividad o la opinión periodística. El envío de intimaciones por parte del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel y la denuncia penal efectuada por la defensa del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri contra el periodista Daniel Enz, constituyen un peligroso ejercicio del litigio público con la intención de amedrentar y acallar al periodismo, que es lo que internacionalmente se conoce como el inicio de acciones para judiciales contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
“Ante este inquietante panorama, FOPEA reitera que la estigmatización del periodismo por parte de las más altas autoridades del país es un mecanismo de restricción de la libertad de expresión y una práctica que limita y reduce el debate público sobre temas de interés para la democracia y la rendición de cuentas de los funcionarios.”, dice el comunicado de la entidad.
Con información de C5N
