“Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio”, especificó sobre la grave situación que afecta a la construcción.
Además, indicó que esta paralización generará “un efecto inmediato en el estado y seguridad de uso de la infraestructura existente”. En ese sentido, aclaró que “recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma”. Por esto, aseguró que “estas cuestiones deben ser atendidas a la brevedad y con urgencia“.
“Estamos asistiendo a niveles de pobreza e indigencia que no nos pueden dejar quietos. El tejido social, penetrado por el narcotráfico y la inseguridad, se disuelve con graves consecuencias para todos”, añadió al tiempo que expresó que “la construcción de infraestructura, como generadora de calidad de vida y promotora de empleo, tiene un rol formidable que cumplir”.
Por último, consideró: “La sanción de la Ley de Bases, el RIGI y el blanqueo ayudarán a la reactivación. Comenzará seguramente con la minería, el oil y gas, la exportación de energía y de conocimiento y con las comunicaciones. No será rápido; pero esperemos que todos los sectores ayudemos a su más rápida concreción con diálogo profundo y sincero”.
Con información de C5N
