En 2013, el Congreso aprobó una ley que declaraba de utilidad pública la imprenta y contemplaba que el Estado debía compensar a la familia Ciccone con la deuda que la compañía mantenía hasta entonces con la AFIP.
Esto fue judicializado por los dueños de la empresa y ahora la Corte les dio la razón. El monto inicial previsto era de $275 millones y fue actualizado contemplando una tasa anual de interés del 6% desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.
