En ese sentido, insistieron en que la Corte “declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable”.
El amparo impulsado por el gobernador Ricardo Quintela se presentó el 27 de diciembre pasado. La Corte trasladó el expediente al procurador Eduardo Casal, pero aclaró que lo trataría al finalizar la feria judicial de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el DNU.
Aunque la presentación no tiene efectos legales porque la Corte Suprema no tiene plazos, La Rioja argumentó que ya se completaron todos los pasos necesarios: Casal dictaminó a favor de la intervención de la Corte y también se notificó a la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, que emitió su respuesta.
El llamado “mega DNU” desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.
Con información de C5N – Imagen de Casa de Gobierno de La Rioja
