Qué establece la nueva ley
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.
Para delitos con penas menores se prevén medidas alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.
El debate por el financiamiento y la carga a las provincias
Uno de los principales cuestionamientos giró en torno al financiamiento. El oficialismo había presentado el lunes un proyecto complementario que incluía una partida de 23 mil millones de pesos, aunque lo retiró el mismo día. Si bien luego se explicitó la cuestión presupuestaria, la oposición consideró que los recursos son insuficientes y que la implementación recaerá, en los hechos, sobre las provincias.
Un diputado explicó a este medio que en Córdoba se está construyendo una institución de estas características con un costo estimado en 18 mil millones de pesos, cifra que —según advirtió— deja en evidencia que los 23 mil millones previstos serían escasos para todo el país.
En esa línea, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, señaló que la norma “transfiere la totalidad de la responsabilidad” a las provincias. Si bien manifestó su acuerdo con la baja de la edad y con la necesidad de un sistema que resocialice, advirtió: “No puede ser que todo el costo nuevamente lo paguen los gobernadores”.
Desde el peronismo, además, anticiparon que la ley podría ser judicializada y minimizaron su impacto real. “No están modificando el Código Penal ni creando un régimen penal juvenil integral”, cuestionaron, y acusaron al Gobierno de buscar “el título” sin cambios estructurales.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto abre ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde el oficialismo deberá reconstruir la mayoría para convertir en ley una de las reformas que planteó como eje de su agenda en materia de seguridad.
