La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, tras una maratónica sesión que se desarrolló en medio de protestas y represión policial en las inmediaciones del Congreso.
Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el oficialismo volvió a anotarse otra victoria legislativa al sancionar el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero.
La reforma a la Ley 26.639 redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”, y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.
Desde el oficialismo sostuvieron que la modificación brinda mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas, que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
El Gobierno celebró la aprobación de la reforma a Ley de Glaciares
Minutos después de la votación en Diputados, la Oficina del Presidente publicó un mensaje en redes sociales en el que festejó la sanción y destacó que las modificaciones impulsan “la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
“Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”, sostiene el texto, que lleva la firma del presidente Javier Milei.
“Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”, agregó, y concluyó: “A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.
Los detalles de la reforma a la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares flexibiliza el blindaje sobre el ambiente periglaciar y redefine los límites de estas áreas protegidas para abrir la puerta a la explotación industrial y extractiva en sectores que, bajo la normativa vigente, se encuentran inhabilitados para cualquier tipo de intervención económica.
El cambio clave radica en una nueva categorización de las “formas periglaciares”. La iniciativa oficial distingue entre las formaciones que actúan como reservas hídricas estratégicas y recarga de cuencas y aquellas que no cumplen este rol vital. De este modo, la protección legal deja de ser absoluta para todo el territorio periglaciar, quedando supeditada a que se demuestre fehacientemente su valor como fuente de agua.
La ley sancionada en 2010 ampara tanto a las masas de hielo visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por sedimentos y suelos congelados. Estos reservorios de agua dulce son fundamentales para el equilibrio geomorfológico y la regulación hídrica de las regiones cordilleranas. Con la reforma, aunque la prohibición se mantiene intacta para los glaciares propiamente dichos, se habilita el desarrollo de inversiones en zonas periglaciares sin función hídrica comprobada.
La nueva ley ratifica la existencia del Inventario Nacional de Glaciares, el cual seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No obstante, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que coordinará las tareas de identificación. El organismo técnico tendrá la responsabilidad de mapear el territorio y determinar, caso por caso, qué formaciones periglaciares califican como protegidas y cuáles quedan liberadas para la actividad económica.
Bajo este nuevo esquema, se mantiene el veto sobre cualquier acción que pueda “alterar de modo relevante la condición natural” de las áreas protegidas. Esto incluye la prohibición de verter sustancias contaminantes, la construcción de infraestructuras de gran escala, la actividad industrial y, fundamentalmente, la exploración o explotación de minería e hidrocarburos en los sectores que logren conservar su estatus de protección.
Por el contrario, el marco normativo permite de forma explícita las investigaciones científicas, los protocolos de rescate ante emergencias y el desarrollo de deportes de bajo impacto y no motorizados, tales como el andinismo.
Con información de C5N
