Un estudio jurídico de la ciudad de Esperanza fue allanado el viernes a raíz de varias denuncias por presuntas estafas realizadas por clientes, que señalan a la profesional como la principal responsable. La labor, emprendida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y bajo las órdenes de la fiscal de Las Colonias, María Laura Urquiza, permitió el secuestro de numerosa documentación, como así también de tres armas de fuego sin su correspondiente documentación, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.
La maniobra delictiva que se investiga radica en la captación de clientes, a los que la profesional, identificada como María Fernanda S., de 43 años, les cobraba los gastos de inicio de un reclamo legal, como ser “sellados” y “boleta judicial”, cuyos montos oscilaban entre los $ 10.000 y $ 15.000 según el caso, pero que no realizaba. En su lugar, confeccionaba documentación falsa que entregaba a sus clientes para que luego de un tiempo, se presentaran ante el banco para cobrar depósitos inexistentes. (imagen de portada – documentación y elementos secuestrados).
La primera denuncia data de finales de 2016, cuando una mujer que había pedido asesoramiento jurídico por un fondo de comercio, fue envuelta en la maniobra delictiva antes descripta, pero cuya materialidad costaba acreditar. Entonces se pidieron los informes pertinentes y surgió que se había utilizado documentación falsa.
Sin embargo la causa no prosperó sino hasta comienzos de 2018, cuando aparecieron otros casos. En total, son tres víctimas de Esperanza y una de la ciudad de San Justo, donde la profesional también prestó servicios durante un tiempo.
El operativo se realizó en un domicilio en calle Avellaneda al 1900, donde además funciona un estudio jurídico y una empresa dedicada al control de plagas, ésta última a cargo del marido de la principal investigada, identificado como Gustavo Z.
Además de la investigación por estafas, a la abogada María Fernanda S. y su esposo Gustavo Z., se les inició causa penal por el delito de “tenencia indebida de arma de guerra y de uso civil”, tras el hallazgo en su domicilio y bajo custodia del matrimonio, de tres armas de fuego: un revólver calibre 32, otro calibre 38 y una pistola calibre 22. Además se secuestran más de 140 cartuchos de diferentes calibres, dentro de los cuales 9 eran 9 mm.
