El 31 de marzo del año pasado, un control rutinario de vehículos establecido por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 11, en el norte santafesino, terminó en un episodio tan violento como confuso. En la zona rural de San Bernardo, un motociclista fue baleado en un brazo y los dos cabos que abrieron fuego terminaron procesados por la Justicia Federal. Ahora, la fiscalía solicitó la elevación de la causa a Juicio Oral.
Los acusados son Walter Germán Mejía Ruíz, de 30 años y oriundo de la localidad de Tilcara, en la provincia de Jujuy; y Reinaldo Martínez, de 32 años y domiciliado en Embarcación, provincia de Salta. Ambos se encuentran en libertad, con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Para los fiscales Jorge Gustavo Onel y Natalia Palacín, ambos son autores de “lesiones graves, agravadas por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y violación de los deberes de funcionario público”.
Oscuridad
Era madrugada de domingo cuando se desató el incidente. Cuatro uniformados del Escuadrón de Seguridad Vial San Justo de Gendarmería Nacional se apostaron sobre la ruta nacional 11, aproximadamente en el kilómetro 563. La idea era controlar el tránsito para detectar infracciones o delitos.
Muy cerca de allí, en una estancia de zona rural, varios amigos estaban de “peña”. Poco después de las 3, cuatro de ellos se retiraron a bordo de dos motos. A través de un camino rural llegaron a la ruta, pero apenas subieron al asfalto observaron el retén y regresaron por donde habían llegado.
Al ver la maniobra, tres gendarmes abordaron una camioneta y salieron raudamente en persecución. Los alcanzaron cuando arribaron a la misma finca en la que todavía algunos de sus conocidos seguían reunidos.
La situación se tornó tensa. Una de las motos tenía su documentación en regla. La otra, una Honda Tornado, presentaba alguna irregularidad. Aparentemente, no tenía “papeles” y el escape no era el reglamentario.
El conductor de este último rodado, aprovechó un momento de desconcierto, encendió su moto y aceleró para escapar. De manera instintiva, uno de los gendarmes le arrojó una linterna que impactó en la espalda del joven.
Fue entonces que dos de los uniformados abrieron fuego con sus armas reglamentarias. La investigación pudo determinar que se efectuaron al menos tres disparos. Luego, salieron en persecución del motociclista, que apagó las luces y logró escabullirse para llegar hasta su casa.
Algo le había pegado en su brazo derecho, lo sentía pesado. Entonces vio sangre. Le pidió ayuda a su hermano, que lo trasladó al Samco local. Allí, lo asistieron por una herida de arma de fuego, que le provocó una fractura y le iba a dejar una secuela permanente.
Fuera de control
El juez federal que procesó a los gendarmes, Carlos Villafuerte Ruzo, sostuvo en su resolución que “inicialmente” el accionar de los uniformados podía considerarse como “desproporcionado e imprudente“.
Al declarar ante los fiscales Onel y Palacín, los cabos dieron su versión. Dijeron que mientras uno de ellos verificaba los papeles de las motos, los otros dos hacían “seguridad”, porque de la casa salieron varios amigos de los motociclistas. Explicaron que había poca luz, que se sentía olor a marihuana y que el muchacho que finalmente iba a resultar herido amagaba con sacar un arma de su cintura.
Los dos gendarmes que dispararon con sus pistolas aseguran que sólo lo hicieron para que el joven no se fugara y que apuntaron “al aire”.
Contrapuntos
El lugar donde se produjo toda esa secuencia cuenta con cámaras de vigilancia que captaron esos instantes. Para la fiscalía, la versión de los gendarmes -y también lo que ellos escribieron y omitieron en el acta de ese día- no coincide con lo que puede apreciarse en los videos.
Por ejemplo, en las grabaciones no se ve que ninguno de los jóvenes hiciera ademanes como para buscar un arma. Sólo se aprecia que uno de ellos levanta su moto, la enciende y escapa. Nunca habría tratado de atropellar a los funcionarios.
Además, en el acta los uniformados no señalaron que habían vuelto al lugar luego de la fallida persecución. Aparentemente buscaban las cápsulas servidas por los disparos realizados. Esos casquillos recién fueron hallados por peritos al día siguiente.
Para los fiscales, no había sospechas razonables de que la víctima estuviera armada. Asimismo, la evidencia sugiere que los disparos no fueron efectuados al aire, porque una bala impactó en el brazo de la víctima.
Dolo eventual
El juez Villafuerte Ruzo, al dictar el procesamiento, señaló: “Los elementos típicos necesarios para la imputación del hecho parecen estar debidamente cumplidos, al menos en términos de dolo eventual. En definitiva, debe recordarse que el uso de la fuerza policial en un contexto democrático requiere la estricta adherencia a principios fundamentales que garantizan el respeto por los derechos humanos y la legalidad.
“Estos principios, que incluyen la proporcionalidad, legalidad, último recurso, progresividad y el valor supremo de la vida, establecen un marco claro para la actuación de las fuerzas de seguridad.
“En particular -agregó-, el uso de fuerza debe ser sumamente restringido y utilizado únicamente cuando otras alternativas de resolución pacífica hayan fracasado o sean inaplicables en el contexto específico. Además, se desaconseja la realización de disparos desde o hacia vehículos en movimiento, a menos que se presente una amenaza inminente y grave para la vida del personal policial o de terceros.
“En este sentido, el comportamiento de los inculpados en el caso analizado no sólo carece de justificación adecuada, sino que también contraviene flagrantemente las normas legales vigentes, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su accionar”, concluyó el magistrado.
Con información de El Litoral
