Un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Sunchales derivó en la detención de un adolescente de 16 años, señalado como presunto autor de amenazas que circularon en redes sociales y que advertían sobre posibles ataques en establecimientos educativos de Rafaela, Sunchales y la región.
La medida fue ordenada en el marco de una causa por “amenazas calificadas” que tramita en la Fiscalía de Menores a cargo de la doctora Carina Gerbaldo, bajo la órbita de la Fiscalía Regional 5, conducida por el doctor Carlos Vottero.
Publicaciones de alto impacto
El allanamiento se concretó en horas de la noche en una vivienda ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en la denominada “capital del cooperativismo”. En el lugar, los investigadores identificaron al menor, cuyas iniciales son S.L.B.M., sindicado como responsable de publicaciones de alto impacto que generaron preocupación en la comunidad educativa.
Durante el operativo, los agentes secuestraron un revólver cargado —propiedad del abuelo del adolescente— y diversos dispositivos informáticos que ahora serán sometidos a peritajes con el objetivo de establecer el origen y alcance de los mensajes difundidos.
El joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras que la investigación continúa en curso y no se descarta la realización de nuevos procedimientos ni la eventual identificación de otros involucrados.
Incidentes en otras escuelas
El caso se inscribe en un contexto de creciente inquietud por episodios vinculados a la seguridad en ámbitos escolares de la región. En los últimos días, se registraron situaciones que, si bien de distinta naturaleza, contribuyeron a elevar el nivel de alerta.
Entre ellas, la detección de alumnos que habrían ingresado con armas blancas a un establecimiento educativo de Sunchales, lo que motivó la intervención de autoridades y medidas preventivas.
A ello se suma un episodio ocurrido en una institución de San José del Rincón, donde una amenaza difundida como “broma” —que aludía a un ataque violento— generó alarma entre estudiantes, docentes y familias, obligando a activar protocolos de seguridad.
En este escenario, fuentes judiciales y policiales remarcaron la necesidad de abordar este tipo de sucesos con la máxima seriedad, tanto por su potencial impacto como por las consecuencias penales que pueden derivarse, incluso cuando los autores sean menores de edad.
Con información de El Litoral
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