El aporte solidario a las grandes fortunas, mal llamado impuesto hasta el cansancio por simplificación grosera o expresión de deseos, cerró prorrogado el 28 de abril pasado con números que deberían ser impresos en letra de molde, voceado hasta la disfonía. La deficiente estrategia de prensa del gobierno nacional –admitida por asesores directos del presidente- suponemos que espera el informe final de la AFIP con detalles y desagregados por provincias para desplegar la difusión con lo que tiene a mano: un grupo minoritario de medios privados y periodistas afines por convicciones o por pauta, un canal de televisión abierta, 50 emisoras de radio distribuidas en todo el país y una agencia de noticias propios y con problemas de rating.
Los $ 223.000 millones recaudados reflejan el éxito de una medida que buscó un “punto de equilibrio” que permitiera recaudar lo máximo enojando a la menor cantidad de millonarios posibles, gravando con bajas resistencias a un colectivo minoritario de 13.000 personas que representan un 0,022% de la población, en un país donde 106 familias concentran el 10% de la riqueza privada del país, con más de U$S 100 millones en activos líquidos (sin contar propiedades) y 45.000 de ellas con más de un millón de dólares en esas mismas condiciones. Esto último para derrumbar uno de los argumentos utilizados por los 220 contribuyentes que lo judicializaron: que resultaba confiscatorio pues muchos iban a tener que vender casas o campos para pagarlo.
La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont declaraba hace un mes y con números de recaudación aún bajos que “genera vergüenza que personas con patrimonios altos” presenten amparos judiciales para no pagar y que los individuos que ostentan patrimonios de $ 200 millones “tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
Corrección nuevamente: aporte, forzado y no solidario, que les requiere entre el 2% y el 3,5% del patrimonio que declaran y que según estimaciones de Hernán Arbizu -experto en asesorar millonarios argentinos y uruguayos en evasión fiscal y fugas- es el 40% de lo que realmente tienen…y por única vez! Pero el modelo de gestión y toma de decisiones políticas de Alberto Fernández que avisa con mucha antelación (con la sola excepción de la estatización fallida de Vicentín), consensúa, avanza, retrocede y minimiza las confrontaciones con poderes constituidos, les dio aún más facilidades.
“Ahora 6” para ricos
A casi un año y medio de asumir sobre la devastación económica y social que dejó Cambiemos y con una pandemia devastadora que no sensibilizó al establishment, el Gobierno empieza a dejar de lado –fallo desafiante de la Corte Suprema mediante- la era de la invitación obcecada al consenso o de la ingenuidad. De todos modos, la recaudación efectiva del aporte solidario es el mejor –sino único- ejemplo exitoso del modus operandi que Alberto Fernández más siente y le gusta. Dejó claro que no fue su idea ni lo impulsó durante varios meses, pero el agotamiento que produjo el esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia ($ 723.461 millones de marzo a noviembre de 2020) hizo que el presidente avalara su envío al Congreso y lo asumiera como un eje de acción política.
El derrotero del aporte debería ser valorado por los ricos que manifestaron su rechazo inmediato a principios del año pasado. Fue anunciado con siete meses de anticipación que habilitaron toda clase de lobbys (con un cruce mano a mano entre los seis empresarios más influyentes del país y Máximo Kirchner en la mansión del extinto Jorge Brito, donde le dijeron que “con proyectos así nunca iba a llegar a presidente”).
Se remarcó lo de excepcional despegándolo de una reforma tributaria que se abordaría más adelante; el mismísimo presidente declaró –antes de que paguen– que los alcanzados deberían figurar en una placa recordatoria por ayudar al país a salir adelante. Se prorrogó el vencimiento de presentaciones del 16 al 28 de abril. Se definió un pan de pagos que suponía integrar el 20% del total al suscribirlo y luego cinco cuotas para completarlo. Y lo que importa para los que tienen la agotadora costumbre de leer el Boletín Oficial: el decreto 42/21 que reglamentó el aporte y en sus artículos 4,5 y 7 logran que los que deban pagar paguen menos, que los plazos de repatriación se computen en días hábiles y no corridos y que queden exceptuados como “activos financieros” las ganancias obtenidas por operaciones caras a nuestro empresariado: el montaje de estructuras offshore para evadir impuestos, fugar capitales o acceder a divisas mediante operaciones de triangulación.
¿Demasiado? Es posible, pero el número recaudado es importante y la AFIP ya aclaró que los 3.000 contribuyentes faltantes -y con los que se completarían los $ 307.000 millones estimados-, están siendo fiscalizados y se los intimará a completar sus declaraciones juradas patrimoniales para pagar lo que corresponde.
Lo que falta y lo que viene
Los discursos y la foto de unidad de los referentes del Frente de Todos ante la rebelión generalizada del dispositivo opositor (asociaciones empresarias, de bancos, grupos mediáticos que cambian pauta por balas de tinta, corte y juzgados federales y frentes políticos por último), parecen anunciar un cambio de postura y ojalá de mecanismos para la toma e implementación de decisiones.
Nunca alcanzó con sólo tener la razón o la ley para disputar con quienes nos prestan el país para vivir como argentinos desde 1861 por lo menos. Los organismos de control del Estado y funcionarios como Mercedes Marcó del Pont necesitan máximo respaldo para cumplir con sus funciones, sin retrocesos ni contradicciones. Si no se entiende así corremos el riesgo de actualizar –en este país y en mayo precisamente- la célebre invitación del mayo francés: seamos realistas, gobernar es imposible.
*Fuente Aire de Santa Fe

