Cien días después de haber sido enviado por el Poder Ejecutivo, en una sola siesta, la Legislatura dejó sancionada una extensa reforma al Código Procesal Penal -la mayor en cuanto a cantidad de artículos desde 2007- con el objetivo de dotar de mayores herramientas de procedimiento ante el delito a la policía, a fiscales y a los propios jueces.
El oficialismo pudo cerrar filas después de escuchar a operadores del sistema penal y de largas reuniones entre los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, e incluso sumó a la hora de la votación en general al justicialismo en ambas cámaras y a los bloques celestes. Las diferencias estuvieron en algunos artículos, especialmente en el 20 donde hubo que prácticamente recurrir al VAR en Diputados ante la decisión de la bancada socialista de abstenerse por entender que no se habían cumplido con el texto acordado. Lo hizo notar el diputado Joaquín Blanco, pero no hubo réplica del resto del oficialismo.
Con la ley sancionada, son quince los mensajes enviados por Maxiliano Pullaro a partir de diciembre que ya recibieron aval legislativo. El socialista Rubén Galassi dio cuenta que la actual Legislatura sancionó ese número de leyes en cien días mientras que en cuatro años a Miguel Lifschitz le validaron 46 mensajes y a Antonio Bonfatti, 33.
Constitucionalidad
La principal discusión en el ámbito legislativo fue para garantizar la constitucionalidad de las reformas algo que los oradores del oficialismo en ambas cámaras se encargaron de subrayar. En el caso de Diputados fueron las posiciones expuestas por los radicales José Corral y Martín Rosúa y del socialista Rubén Galassi mientras que Silvia Malfesi (Somos Vida) y Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se ocuparon de objetar la redacción de algunos artículos por entender que violan normas de la misma Constitución y de tratados internacionales, especialmente las referidas a las detenciones de personas.
Tras la votación del Senado, el expediente fue girado rápidamente a Diputados donde fue votado afirmativamente por 33 miembros y rechazados por los dos de izquierda (Palo Oliver y Carlos Del Frade). Después en la votación en particular, hubo objeciones a algunos artículos por parte del interbloque justicialista y votación negativa de tres integrantes de Somos Vida y la abstención de los otros dos presentes. También Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) sumaron abstenciones o rechazos a algunos artículos.
Por consenso
Con la ley sancionada, hubo fundamentos en el propio recinto de Corral. “Venimos discutiendo desde diciembre una serie de leyes para producir reformas en la provincia que tienen como eje principal el apego a la ley y el reclamo de los vecinos de vivir seguros”. El radical detalló que se tuvo en cuenta todas las voces que quisieron exponer sobre el proyecto y se buscó el máximo consenso político. “Celebro que estas leyes no se aprueben por mayorías ajustadas, sino por consenso. Esta reforma dará herramientas para mejorar el control de la calle”, añadió.
Enseguida el justicialista Marcos Corach aclaró que aprobar rápido un proyecto no significa que esté bien. No obstante, valoró la reforma a la que definió en grandes líneas como lógicas, ágiles aunque advirtió que apuntan a dotar de herramientas al Ministerio Público de la Acusación, especialmente el de Rosario al que definió como detonado. Armas Belavi también defendió el consenso aunque entendió que se pudo haber dado una vuelta más desde lo social.
Emiliano Peralta (Somos Vida) no dudó en afirmar que lo aprobado es mucho mejor al texto enviado por el Ejecutivo y va en buen camino, aunque luego diferenció algunos no apoyos de su bloque especialmente en temas referido a los allanamientos. El libertario pidió limpiar la policía, el MPA para después fortalecerlo, jerarquizar el Servicio Penitenciario y advirtió sobre la superpoblación carcelaria.
Cuarta reforma
Galassi marcó que esta es la cuarta vez que se reforma el Código y recordó que siempre se actuó ante situaciones de violencia e hizo fuerte hincapié en trabajar desde lo social para evitar el aumento de la violencia. Palo Oliver lamentó que el dictamen haya sacado el artículo que quitaba fueros parlamentarios y cuestionó que a su entender se invierte el principio de inocencia. Malfesi marcó varios artículos a los que calificó de mamarrachos jurídicos y advirtió sobre violaciones a normas constitucionales.
El cierre -ya con pocos diputados presentes- fue de Rosúa quien aclaró que se cuidó mucho la redacción para evitar colisionar con derechos constitucionales, valoró la decisión de acelerar los procesos con herramientas eficaces, el respeto al garantismo y el equilibrio.
