En la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe buscan avanzar con un proceso de reforma de la Constitución provincial, que data de 1962. Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados Joaquín Blanco (PS) y Walter Ghione (bloque Uno).
Los intentos de reforma constitucional no fueron pocos en los últimos años. El último fue el del ex gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista, Miguel Lifschitz. Antes, en 2004, el entonces gobernador Jorge Obeid remitió un proyecto de ley especial para declarar la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial, que no alcanzó su objetivo.
También, a través de sendos proyectos de reforma, los legisladores del Partido Justicialista Jorge Giorgetti en 1993, Julio Gutiérrez en 1994 y 1996, intentaron sin éxito ese recorrido.
Por otra parte, los legisladores de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Millet y Hugo Marcucci, presentaron proyectos similares en 1998 y 2004, respectivamente. En igual sentido y resultado se presentaron proyectos por parte de los legisladores Miguel Bullrich (POP) en 2001 y 2003, y la diputada Alicia Gutiérrez (ARI) en los años 2006 y 2008.
Los proyectos de Blanco y Ghione, tienen algunos puntos en común. Ambas iniciativas hablan de la necesidad de consagrar la libertad religiosa y en pie de igualdad entre las mismas. Además, plantean establecer la obligación de fijar criterios de capacidad contributiva progresiva en materia impositiva, solidaridad fiscal, equidad y legalidad.
También, ambos legisladores destacan la necesidad de avanzar con la autonomía municipal.
La reforma de la Constitución que impulsa Joaquín Blanco
El proyecto de reforma constitucional del socialista Blanco propone la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y producción de todo el proceso de producción de políticas públicas en todas las áreas de organización y funcionamiento del Estado; la inclusión de mecanismos de participación ciudadana y de democracia semidirecta tales como la Consulta Popular, Revocatoria de Mandato e Iniciativa Popular. Incorporación del Consejo Económico y Social; el otorgamiento de rango Constitucional al Consejo de la Magistratura como sistema de selección de magistrados, defensores públicos y fiscales.
También impusa el jurado de enjuiciamiento para la remoción de magistrados, defensores públicos y fiscales; el otorgamiento de rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, consagrando su autonomía funcional, autarquía y un método adecuado para la designación de sus órganos directivos a fin de garantizar su idoneidad, independencia y compromiso con el Estado de Derecho y los principios democráticos, asegurando su estabilidad por el tiempo que se fije para sus funciones; y la incorporación de principios sobre la obligación de producción de la información pública por parte del Estado Provincial, Municipal y Comunal, sistemática, confiable, accesible y disponible para toda la comunidad; entre otros.
Vale destacar que la iniciativa no menciona reelecciones en ningún cargo ni en el Ejecutivo ni en el legislativo. En cambio, sí establece disminuir la edad para ser elegido senador, la ampliación del período de sesiones ordinarias; establecer un nuevo sistema de desafuero, adecuar la inmunidad de arresto a la normativa nacional e internacional, y eliminar la inmunidad de proceso.
También propone que la Asamblea Legislativa pueda dictar acuerdo para la designación del Jefe de Policía y pide suprimir la doble vuelta entre cámara de origen y revisora, para agilizar el trámite legislativo. Por otro lado, insta a incorporar un sistema de doble vuelta electoral, para la elección de gobernador y vicegobernador.
Otro de los puntos más destacados del proyecto de Blanco es la incorporación de normas y principios rectores en materia de servicios públicos tendientes a garantizar la intransferibilidad de su titularidad, su prestación estatal y el régimen de audiencias públicas con el objeto de alcanzar mayor participación, eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos.
En cuanto a la elección de los convencionales constituyentes, el proyecto establece que se regirá por la totalidad de las normas provinciales vigentes en materia electoral y de partidos políticos, con sus modificatorias, y lo dispuesto en la presente ley. Se aplicará el Código Nacional Electoral (Ley No 19.945 y modificatorias) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley No 23298 y modificatorias).
Los convencionales constituyentes serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia. A tales efectos la provincia constituirá un distrito electoral único y la representación será distribuida en su totalidad mediante el sistema proporcional variante D’Hondt, teniendo presente también el principio de paridad de género en la conformación de las listas, y con la aplicación del umbral electoral del 1,5% del total del padrón electoral a efectos de alcanzar la obtención de algún escaño.
La Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará su labor dentro de los 10 (diez) días posteriores a las elecciones generales de convencionales constituyentes y finalizará sus sesiones a los 60 (sesenta) días de su instalación, pudiendo prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado.
El diputado Blanco, en los fundamentos del proyecto, expresa que la iniciativa “propone habilitar los mecanismos institucionales para reformar parcialmente nuestra Constitución Provincial, quizás una de las mayores iniciativas legislativas a la cual podamos aspirar, por lo cual valoramos la trascendencia de la misma para la ciudadanía santafesina, y destacamos que se trata de un hecho de imperiosa necesidad, de acuerdo a los tiempos que vivimos y las transformaciones sociales que transitamos, y que por esas razones reúne amplio consenso social y político”.
“Estamos convencidas y convencidos sobre la necesidad de alcanzar el dictado de una Constitución moderna, actualizada y progresista y de plasmar en su texto los nuevos criterios de convivencia, que ya incluyen nuestra Constitución Nacional y otras constituciones a nivel provincial, así como otras cartas magnas de la región latinoamericana”, remarcó.
En tanto, precisó: “Creemos que urge otorgar jerarquía normativa a los paradigmas actuales que rigen las relaciones sociales, expresados en la reforma nacional de 1994 y que se identifican con la democracia y los derechos humanos. Es decir, una Constitución que exprese los valores, principios y voluntad del pueblo santafesino, vinculando nuestro pasado con el presente y el futuro que queremos construir”.
La reforma de la Constitución que impulsa Walter Ghione
El proyecto de Ghione, por su parte, propone limitar la posibilidad de los diputados de ser reelegidos por un único mandato, disminuir la edad para ser elegido senador, limitar la reelección de los senadores a un solo mandato y ampliar el período de sesiones ordinarias, el que no podrá comenzar más tarde del 1 de marzo de cada año, ni finalizar antes del 30 de noviembre del mismo año calendario.
Además, el legislador del bloque Uno pretende incorporar el sistema de enmiendas para reformar un artículo de la Constitución con la aprobación de una mayoría especial en ambas cámaras.
Para Ghione, la reforma de constitucional debe incluir las siguientes materias:
- Defensa de la vida desde la concepción.
- Garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- Incorporar mecanismos de democracia semi directa y de mecanismos de participación ciudadana tales como la Consulta Popular, Revocatoria de Mandato e Iniciativa Popular.
- Defensa de los derechos de las personas con discapacidad
- Defensa de los derechos de los adultos mayores
- Derechos de los niños, niñas y adolescentes
- Derechos de las víctimas
- Derechos de las personas con consumos problemáticos.
- Derecho a un ambiente sano y sustentable.
- Derecho a la seguridad ciudadana.
- Reconocimiento del turismo como bien social de la Provincia.
- Otorgamiento de rango Constitucional al Consejo de la Magistratura como sistema de selección de magistrados, defensores públicos y fiscales.
Entre los fundamentos de la propuesta, el diputado señaló que “nos centraremos en la incorporación del derecho a la igualdad religiosa, el derecho a la vida desde el momento de la concepción, el derecho de los padres a la educación de sus hijos y el derecho de las personas bajo consumos problemáticos”.
“En materia religiosa, la legislación argentina instituye un régimen de libertad sin igualdad. Mientras se garantiza el derecho de libertad religiosa para todos, en el núcleo duro del sistema de relaciones del Estado con las comunidades religiosas se privilegia a la Iglesia católica (y, por extensión, a los ciudadanos que profesan esa religión). En tanto persista la desigualdad normativa respecto a las demás iglesias y comunidades religiosas y sus fieles, será muy difícil encontrar un sistema que resulte satisfactorio”, indicó.
En cuanto al derecho a la vida, Ghione destacó que “es inherente a la persona humana. Se debe garantizar su protección, en general, desde la concepción. Hoy, gracias a los avances científicos, ya nadie puede cuestionar que haya vida desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, madre e hijo son dos sujetos de derecho a los cuales hay que proteger con todos los recursos en el área de salud, como del punto de vista social y económico, desde el momento de la gestación, de manera integral”.
En materia de educación, la propuesta del legislador está basada en el derecho que asiste a los padres (o tutores) para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
“Entendemos que debe consagrarse constitucionalmente el derecho de los padres de educar a sus hijos en cuanto a la moral sexual. Y es en tal sentido dónde muchos de ellos presentan reparos respecto que se enseñe ideología de género en las instituciones educativas”, opinó.
Por último, Ghione incluyó la problemática de las adicciones en el debate. “Sin duda que en nuestra Constitución actual no fueron consideradas las adicciones y los consumos problemáticos, ya que en el contexto histórico en que los constituyentes trabajaron, no existía el gran universo de personas que hoy se ven afectadas por este flagelo. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales – o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental de un Estado”.
Con información de Aire de Santa Fe
