“Le planteamos al ministro nuestras preocupaciones sobre el tema del biodiésel que giran sobre dos o tres medidas que el gobierno nacional propone tomas como facultar al ejecutivo a fijar los porcentajes de corte que hoy es del 7,5 por ciento, lo que para nosotros debería ser el piso, y la posibilidad de que se pueda importar el biocombustibles porque destruiría la actividad, sobre todo en nuestra provincia que produce el 85 por ciento del biodiésel del país”, le dijo a El Litoral el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue recibido este viernes por el ministro de Interior, Guillermo Francos, a quien le planteó la situación por la que atraviesan las pymes productoras de biocombustibles, quienes el jueves emitieron un duro comunicado expresando que la Ley Omnibus que Milei envió al era su certificado de defunción.
Pullaro, que estuvo acompañado en Buenos Aires por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Energía Verónica Geese, reaccionó rápidamente al pedido de audiencia que las empresas del sector agrupadas en la Cámara Santafesina de Energías renovables (CASFER) con una gestión urgente ante el gobierno nacional, que agradeció en su cuenta de twitter.
“Le planteamos al ministro nuestras preocupaciones sobre el tema del biodiésel que giran sobre dos o tres medidas que el gobierno nacional propone tomas como facultar al ejecutivo a fijar los porcentajes de corte que hoy es del 7,5 por ciento, lo que para nosotros debería ser el piso, y la posibilidad de que se pueda importar el biocombustibles porque destruiría la actividad, sobre todo en nuestra provincia que produce el 85 por ciento del biodiésel del país”, le dijo a El Litoral el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Otro de los planteos que los santafesinos le hicieron a Francos es que no se le ponga el biodiésel el mismo impuesto que se le cobra a los hidrocarburos. Francos se comprometió a gestionar para la semana próxima una reunión con el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo para tratar todos estos temas. También podrían sumarse representantes de las provincias de Córdoba y Entre Ríos.
En el comunicado oficial difundido por el gobierno provincial, el gobernador informó que además de la cuestión de los biocombustibles, fueron a Buenos Aires con dos temas más: las deudas por importaciones a pagar que perjudican a las empresas santafesinas y cuyo reclamo llevó Fisfe a la reunión que hicieron hace una semana en la Casa Gris y la situación de los productores de maíz pisingallo, que es una economía regional y estaría gravándose con retenciones en el proyecto de ley que se envió al Congreso de la Nación.
“Respecto de la deuda por importaciones, que asciende a 300 millones de dólares, le dijimos al ministro Francos que las empresas no quieren un bono como sustituto de los dólares porque las perjudica aún más ya que deben salir a venderlo por menos de su valor nominal. Lo que necesitan es encontrar una solución viable para seguir produciendo que es en lo que estamos empeñados desde el gobierno provincial”, enfatizó Puccini
Por su parte, Francos resaltó el trabajo conjunto con el gobernador santafesino y señaló que “nos plantearon algunas dificultades con respecto a la producción del biodiesel, ya que Santa Fe es una provincia de muchas pymes que se dedican a su producción, y les propuse tener una reunión con el secretario de Energía para analizar a fondo el problema”.
“Certificado de defunción”
La Cámara Santafesina de Energías Renovables, entidad que agrupa a las elaboradoras pymes de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, envió el jueves después de conocido la ley ómnibus que Milei envió al Congreso, una nota al gobernador pidiéndole una audiencia para ponerlo en alerta por el riesgo de desaparecer que corrían en caso de aprobarse dicha norma.
“Conociendo su posición en materia de desarrollo industrial y apoyo a las bioenergías, es que solicitamos una audiencia para poder expresar con mayor profundidad los conceptos de esta nota, los riesgos y avasallamientos de derechos que este proyecto genera para nuestra industria, y, de ser posible, trazar juntos una estrategia de defensa de los puestos de trabajo y de la industria pyme de los biocombustibles, todo ello, atento las consecuencias negativas que el mismo generará, en caso de aprobarse, en todo el entramado de nuestras economías regionales”, decía el escrito de Casfer.
con información de El Litoral
