El Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de reforma previsional que sería presentado el viernes ante las cámaras legislativas para poner en marcha el tratamiento. El mensaje del Poder Ejecutivo ingresará por el Senado que es la cámara que tuvo la iniciativa con aquel proyecto de Raúl Gramajo que sufrió cambios en el paso por la Cámara de Diputados. “Viernes o lunes estará en Senado”, le dijo a El Litoral una fuente inobjetable que trabaja en el tema junto a técnicos de diferentes áreas del Ejecutivo.
La elección de la Cámara de origen no es menor pero para la Casa Gris debe ser el Senado. En los hechos la Cámara de Senadores es donde el oficialismo tiene la mayoría especial de dos tercios que puede definir el perfil final del texto a aprobar. Hubo algunas gestiones oficiosas de diputados oficialistas -especialmente del socialismo- para que esa sea la Cámara iniciadora. “Ellos (por los senadores) tuvieron la iniciativa”, respondieron en Casa Gris. En el bloque socialista -la mitad de las bancas de Unidos- no están convencidos de equiparar en 65 años la edad para acceder al beneficio jubilatorio pero esperan el proyecto para seguir analizándolo.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, al recibir el informe de la Comisión de Análisis Previsional, insistió en afirmar que presentará en la primera quincena de este mes el mensaje, y recordó que los cuatro integrantes del Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas siempre tuvieron al tanto al Poder Ejecutivo sobre la marcha de la discusión en esa comisión. El trabajo terminó con un acuerdo de cuatro puntos y diferentes posiciones de bloques legislativos en otros puntos, especialmente de Unidos que sumó a la representante de Somos Vida y al senador Gramajo. En tanto, el diputado justicialista Walter Agosto por un lado, y los senadores Alcides Calvo y Rubén Pirola, marcaron diferencias especialmente sobre el déficit y remarcaron el compromiso del gobierno nacional en el sostenimiento del sistema de Santa Fe y otras provincias.
Mayores aportes de los afiliados, especialmente de la parte alta de la pirámide y de los cargos políticos de los tres poderes; unificación de la edad entre hombre y mujer en 65 (se desechó los 67 que planteaban algunos especialistas) e incluso la negativa a comprar años de servicio, son algunos de los ejes del trabajo todavía en borradores que se cruzan entre funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores. La reforma será hacia adelante y en el oficialismo hay decisión de mantener el 82% móvil para el acceso al sistema.
Los puntos del consenso en la Comisión que finalizó su trabajo son que la Caja de Jubilaciones y Pensiones permanezca en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a sus beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo. Continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a Santa Fe. El Estado Nacional desde el año 1999, en acuerdo con las provincias, se ha comprometido a cubrir los déficits de las Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones no transferidas a la Nación. Estos acuerdos tienen vigencia, han sido ratificados por ley y deben cumplirse. La comisión acompañó el reclamo administrativo y judicial iniciado por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso el cese de esos pagos, y la exigencia de que se establezca una medida cautelar que reponga las transferencias que corresponden a Nación.
Los regímenes especiales dentro del sector público (docentes y policía), contemplados en la legislación provincial, responden a las particularidades de la labor realizada y es necesario sostenerlos. Por último la afirmación que el sistema de jubilaciones y pensiones de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de realizar para su sostenimiento. Este punto será la base de proponer mayores aportes especialmente de los cargos políticos de los tres poderes.
“El detonante de la motivación de una posible reforma es el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el cual incide en los aportes que debe disponer el Tesoro Provincial en una forma muy significativa desde el año 2019, en forma coincidente y progresiva en estos años con el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional y el Anses del compromiso del financiamiento del sistema para los déficits de las cajas provinciales no transferidas” advierten Calvo y Pirola. Agregan que “esta situación deficitaria que se expone no puede ser la base y el fundamento para una reforma con carácter de integral, completa y permanente, que impacte sobre los requisitos, parámetros y beneficios con que funciona el sistema y a partir de dichos cambios absorber o solucionar el déficit actual, trasladando el costo de estos cambios a los afiliados del sistema, pues esta es una situación coyuntural que se revertirá en la medida de que la acción del gobierno provincial se oriente con firmeza hacia el reclamo del envío de los fondos adeudados que permitan atender los compromisos previsionales. De ninguna manera, el gobierno provincial puede aceptar o convalidar que el sistema de financiamiento nacional vigente pueda ser desconocido e incumplido por el gobierno nacional”.
Agosto, en tanto, hizo hincapié en que “la Caja provincial ha sido deficitaria en los últimos 33 años. El aumento de los déficits previsionales en los últimos años responde principalmente a cuestiones demográficas. Pero advierte el ex ministro que la cobertura del déficit tiene que ser evaluada considerando la obligación del Gobierno Nacional de financiar, bajo determinadas condiciones, parte de dicho déficit.
Unidos
El documento de los legisladores de Unidos más Gramajo y Beatriz Brouwer anticipa algunos lineamientos del proyecto que tendrán respaldo legislativo:
- Incrementos en los porcentajes de aportes, de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente, a mayor ingreso mayor aporte. Máxima escala a autoridades políticas de los tres poderes.
- En los beneficios por invalidez y pensión, integración del aporte posterior al otorgamiento de la prestación, hasta el cumplimiento de los años de servicios exigidos para el acceso.
- Incremento de las contribuciones.
- Aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja, siguiendo lo previsto en otros sistemas previsionales.
- Crear un aporte extraordinario que alcance jubilados y pensionados en función de ingresos sujeto a criterio de equidad y progresividad.
- Mantener la compensación por exceso de edad con falta de años de servicio para todos los sectores.
- No considerar los aportes realizados a Anses u otros sistemas adquiridos por moratoria o mecanismo similar que reconocen años de servicio sin que, efectivamente, hayan sido prestados.
- Establecer como unidad de medida para fijar el tope de haberes el valor de la jubilación mínima o un porcentaje del haber del gobernador.
- Computar el haber máximo por beneficiario y no por beneficio.
- Incorporar causales de extinción o limitación en el tiempo al beneficio de pensión.
Con información de El Litoral
