Con fecha 18 de octubre, la jueza federal subrogante de Reconquista Dra. Zunilda Niremperger ordenó una serie de medidas preventivas que deberá adoptar la Dirección Nacional de Vialidad para garantizar un tránsito seguro por la Ruta 11, en el tramo comprendido entre Vera y Malabrigo.
La resolución de la magistrada que se conoció este lunes emplazó al organismo vial nacional a denunciar, en el plazo de 5 días, el plan de tareas de bacheo y/o relleno de pozos existentes en el tramo comprendido entre los kilómetros 724 y 752, jurisdicción de ambas ciudad citadas.
Asimismo, dispuso que en el término de 3 días la DPV señalice debidamente la Ruta 11 en el trayecto descripto con “expreso direccionamiento a evitar accidentes”; en tanto, conminó a la repartición caminera a realizar, en caso de ser necesarios, los desvíos que fueren “imperiosos” a los fines de evitar accidentes.
Paralelamente, determinó que la implementación de una campaña de informativa para evitar siniestros viales a los usuarios y/o vecinos de la Ruta 11, y fijó una caución a la DNV a fin de “responder por todas las costas, daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar”.
En la última parte de su texto resolutivo, la jueza corrió traslado de su decisorio a la Sede Reconquista de Vialidad Nacional a los fines de la producción del informe requerido en el plazo de 3 días, bajo apercibimientos de ley, luego de hacer efectiva la fianza establecida.
La Dra. Niremperger dejó en claro que la presente resolución es de “estricto carácter de interina y hasta tanto se produzca el informe de ley -o venciera el plazo para su presentación-, en cuyo caso se evaluará la procedencia o no de la medida cautelar”, que solicitó la semana pasada el diputado provincial Dionisio Scarpin, uno de los principales impulsores de los reclamos.
Frondosos reclamos
En su argumentación, dijo advertir un “despliegue frondoso” de reclamos administrativos, institucionales, públicos y privados que “se habría dado sin solución de continuidad”, y que a pesar de estar en la agenda ejecutiva en distintas instancias y con diferentes objetivos desde hace varios años, “en los últimos tiempos y específicamente en este mes en curso habría cobrado mayor relevancia por el estado actual de la ruta”.
Luego de expresar tener “inicialmente acreditado” el hecho de la suspensión de las obras de reparación, consideró que las “tareas inconclusas ofrecen un riesgo mayor en caso de no existir medidas de prevención, advertencia, balizamiento, señalización, demarcación”.
Más de 3 muertes por mes
En otro párrafo, recogió fundamentación esgrimida por el legislador norteño al momento de ingresar el recurso de amparo: “Las rutas 11 y 34 son las que más víctimas fatales registran en el territorio santafesino. En ese fatídico podio, la Ruta 11 suele rondar cerca del 10 por ciento anual de todas los muertos que la accidentología vial provoca cada año.” En ese sentido, tomó lo informado por un rotativo nacional en mayo pasado -que obra como evidencia- acerca de cifras que indican que durante el año 2023 se registró un promedio de de más de tres muertos mensuales por accidentes de tránsito en la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo entre San Justo y Florencia (19 automovilistas, 14 motociclistas y 5 transeúntes, lo que da un escalofriante promedio de 3.16 fatalidades por mes).
“No podemos esperar”
“No podemos seguir esperando más. La ruta está cada vez en peores condiciones y es un riesgo de vida para todos quienes transitamos por ella. Este es un recurso urgente que incluye una medida cautelar, para forzar una respuesta inmediata. No podemos esperar mientras sigue en riesgo la vida de quienes transitamos por esta ruta”, había afirmado Scarpin el martes pasado, al momento de presentar el pedido cautelar el fuero nacional de Reconquista.
Con información de El Litoral
