Miguel Lifschitz cerró el año pasado con un récord: vetó 13 leyes en menos de 48 horas, doce de ellas el 28 de diciembre y una el 29.
En un hecho sin precedentes, el Boletín Oficial de Santa Fe tuvo que publicar los decretos por tandas en las primeras cuatro ediciones de 2018: los días 4, 5, 8 y 9 de enero, que incluyó el penúltimo. Y esta semana, el gobernador comenzó a despacharlos a la Legislatura, en algunos casos con textos alternativos, que las Cámaras recién podrían tratar en el período ordinario, a partir del 1º de mayo.
Algunos de los vetos ya anticipan ruido político porque hicieron caer la ley 13.742 impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti que aumentaba los recursos para ciencia y tecnología hasta llegar al 0,50 por ciento del presupuesto de la provincia, en 2021. La 13.676 que propuso el senador de la UCR Lisandro Enrico para desvincular los montos de las multas de tránsito ‑en rutas‑ de la dolarización del precio del combustible, que ya elevó el mínimo de la infracción a 6.500 pesos y puede escalar los máximos hasta 50.000.
La ley 13.671 que creaba 19 centros para personas con consumos problemáticos por iniciativa del senador del PJ Eduardo Rosconi. O la ley 13.674 de su colega de bloque, la senadora Marta Berra, para prevenir el acoso escolar en las escuelas, entre otras.
Lifschitz vetó también las leyes 13.683, 13.684 y 13.691 que creaban escuelas secundarias en Ricardone ‑cerca de San Lorenzo‑, Cayastacito y Ramayón, en el departamento San Justo. La primera porque la ministra de Educación Claudia Balagué consideró que “no era necesaria”, la segunda porque era mejor abrir un anexo en la ciudad de Laguna Paiva y la tercera porque se habían priorizado otras “necesidades más urgentes”, sostiene el decreto.
Otro veto polémico es a la ley 13.676 que propuso el senador Enrico para desvincular las multas de tránsito de la dolarización del precio del combustible. Hoy el monto de las infracciones está atado al costo del litro de nafta, que la ley reducía al 25 por ciento del litro para evitar la escalada y los abusos. “El mínimo de las multas es de 6.500 pesos y han llegado hasta 50.000 pesos”, dijo Enrico. “El Estado no puede penalizar con un afán recaudatorio” o “utilizar infracciones para impedir la transferencia de vehículos”. La ley proponía también suprimir la exigencia de la renovación anual de la licencia de conducir a mayores de 70 años para extender el plazo a cinco años. Lifschtiz vetó todo.
