El decreto 969 crea el llamado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias y CABA con “el objetivo de extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”. Prevé incorporar al sistema “compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes”.
Distintas áreas del Poder Ejecutivo santafesino analizan, en detalle, los alcances del Decreto 969/2024 dictado por el gobierno nacional para crear el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado central y las provincias y CABA. La medida fue anunciada el jueves en conferencia de prensa por el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán y el instrumento legal fue publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Nación.
Por ahora, en la provincia distintos funcionarios consultados por El Litoral mostraron suma cautela mientras analizan los considerandos y los quince artículos del decreto que fue firmado por el presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Vamos a dialogar, pero siempre defendiendo a la provincia de Santa Fe” subrayó, escuetamente, el gobernador Maximiliano Pullaro ante la consulta de El Litoral.
Cuenta regresiva
El artículo 3° determina que los gobernadores o el Jefe de Gobierno porteño tienen 30 días hábiles administrativos para expresar su adhesión al sistema ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación. Este primer vencimiento se producirá a mediados de diciembre.
“Las provincias somos invitadas a jugar un partido de fútbol en cancha visitante, con árbitro y Var designados por el local” graficó uno de los voceros consultados por El Litoral sobre el decreto.
No obstante, en Casa Gris se observan los tiempos que demandaron procesos de compensación llevados adelante por otras gestiones nacionales e incluso de la provincia con municipios y comunas. En todos los casos, excedió el transcurso de una gestión de gobierno de cuatro años.
Acreencias principales
Santa Fe tiene como acreencias principales de Nación las deudas de Anses por la no cobertura del déficit previsional desde 2017 en adelante; el mantenimiento de presos de la justicia federal en cárceles de la provincia y la transformación en autovía a la ruta nacional 19 entre Santo Tomé y Frontera. La Nación había comprometido la compensación mediante un nuevo puente sobre el río Salado entre Santo Tomé y Santa Fe, obra nunca concretada.
Por su parte, Nación puede esgrimir ante Santa Fe la exigencia por algún crédito que debió asumir el pago al Eximbank de Japón en finales del siglo pasado y una supuesta acreencia por uso de datos de AFIP (ahora Arca), tras la firma de un convenio entre el entonces gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese convenio nunca fue ratificado por la Legislatura y fue un tema que prácticamente marcó el inicio de la coalición Unidos cuando los partidos políticos entonces opositores se reunieron en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL para expresar su rotundo rechazo al entendimiento.
Sorpresa por Afip
Pero el tema AFIP fue puesto -sorpresivamente- sobre la mesa por el ministro Caputo cuando a comienzos de agosto recibió al gobernador Pullaro y a varios ministros (Olivares, Enrico, Puccini). “Nación no les adeuda lo que ustedes mencionan” enfatizó ese día el ministro nacional. Es más, en la negociación por la deuda de Anses con la Caja provincial, en el organismo previsional argumentan que los pagos a cuenta realizados en 2017, 2018 y 2019, saldaron las deudas de esos períodos. Para Santa Fe no es así por lo que la negociación amenaza ser muy dura.
Las provincias que adhieran al sistema tendrán luego 60 días hábiles administrativos para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el régimen, así como los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Luego, las dependencias del Estado nacional deberán producir los informes técnicos y jurídicos pertinentes sobre la verosimilitud de las obligaciones que se pretenden incluir en el régimen, su cuantificación, la conveniencia de incluirlas, así como toda otra consideración que estime pertinente a efectos de ser evaluada por la Secretaría de Hacienda.
Suspensión de plazos
De haber diferencia entre las partes, se abrirá una instancia de negociación con un plazo máximo de 90 días y recién allí se pasaría a la firma del acuerdo entre cada provincia y Nación, sostiene el decreto. “Los saldos serán cancelados en las condiciones que se establezcan en cada acuerdo”, afirma el artículo 8°.
En otro artículo se dispone que iniciado el procedimiento para buscar el acuerdo que involucre obligaciones litigiosas se suspenden todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, por un término no mayor a 6 meses. “Durante el referido plazo, las partes se abstendrán de iniciar procesos judiciales o arbitrales con sustento en los mismos hechos”, se determina.
Desde el ala política del gobierno provincial se observa que los plazos previstos en el decreto demandarán -al menos- todo este año y gran parte del próximo por lo que el tema de reclamos ante Nación estarían bajo ese paraguas.
Reclamo judicial
Santa Fe llevó el reclamo sobre deuda de Anses ante la justicia, trámite iniciado por la gestión de Omar Perotti, instancia que ha continuado la gestión Pullaro. El decreto establece en uno de los ítems que “en los supuestos en los que las obligaciones que se pretendan incluir al régimen se encontrasen judicializadas, deberá intervenir previamente el servicio jurídico competente y la máxima autoridad legal de los organismos y dependencias con competencia en la materia, debiendo esta última expedirse sobre la conveniencia jurídica de arribar a una solución”.
Este es otro aspecto a contemplar a la hora de fijar postura de adherir o no al régimen: dejar el camino judicial o ponerlo entre paréntesis o continuar por la vía ya iniciada y no adhiriendo. En el gobierno se entiende que Santa Fe es una de las pocas provincias con saldo favorable a la hora de compensar con Nación, pero se teme jugar de visitante y con árbitro parcial. Por ahora, hay tiempo para cerrar la postura e incluso para el diálogo con Pullaro con algunos de sus pares o de Olivares con los ministros de otras provincias o el fiscal de Estado, Domingo Rondina con sus pares.
Con información de El Litoral
