Luego de que la comisión evaluadora del decreto 89 integrada por el fiscal de Estado, la Secretaría de Trabajo y los directores de Gestión Pública y Económica, analizara las designaciones que se hicieron durante los últimos meses del 2019, se solicitó a la actual ministra de Educación, Adriana Cantero que resuelva los inconvenientes que surgieron en más de 500 casos de titularizaciones en cargos educativos. Según explicó la propia ministra, entre 500 y 800 titularización ocurrieron sin concurso previo entre noviembre y diciembre de 2019, algunas incluso cinco días antes del final de la gestión del gobierno socialista.
“Hablamos de más de 500 casos en los que tenemos que analizar las titularizaciones que se hicieron después de la mitad de 2019, con una gestión que terminaba, cuando la ley dice que no debería ser así”, explicó Cantero en diálogo con el periodista José Curiotto en el programa Creo de Aire de Santa Fe. La ministra fue convocada a resolver la situación a partir de la observaciones del tribunal de cuentas. “Hay diversas observaciones en los procedimientos que no cumplieron con las normas concursales”, indicó la funcionaria, y ejemplificó con algunos casos en los que no se expusieron los escalafones o no tuvieron participación las juntas destinadas a los escalafonamientos.
Hasta el momento, la decisión de la ministra Cantero es revocar los entre 500 y 800 cargos titulares. De esta manera, las personas que ocupen esos puestos quedarán como interinos y deberán volver a concursar por la titularización. “Esas vacantes no pasaron por ofrecimiento de traslado, lo que debe ocurrir siempre, y fueron confirmados durante los últimos días de la gestión”, informó. “Es probable que estas personas tengan antecedentes, pero deberán mostrarlos”, aclaró Cantero.
La funcionaria destacó que las observaciones se demoraron conocerse ya que “los plazos administrativos se ven afectados por la pandemia del coronavirus”. Además, aclaró que la medida tomada de revocar las titularizaciones y llamar nuevamente a concursos tiene como objetivo “el resguardo de toda la gente que cumple con los procesos indicados”. Sostuvo que si la normativa establecida “no convence”, lo necesario es “modificar la ley, pero no pasarla por alto”.
*Con información de airedigital.com
