La Legislatura sancionó, -con modificaciones- el mensaje del Poder Ejecutivo creando el organismo que unificará la fiscalización y registro de las personas jurídica que se conformen en la provincia de Santa Fe. Ese organismo funcionará dentro del Poder Ejecutivo tomando como la base la actual Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que absorberá las funciones que dentro del Poder Judicial viene cumpliendo el Registro Público de Comercio.
El mensaje del Poder Ejecutivo había sido votado por el Senado antes del receso invernal y este jueves, Diputados lo aprobó con algunas modificaciones y en forma inmediata la Cámara Alta aceptó esos cambios y dejó sancionado un instrumento que apunta a agilizar los trámites de inscripciones de sociedades en Santa Fe.
La iniciativa tiene el fuerte impulso del ministerio de Gobierno e Innovación Pública cuyo titular, Fabián Bastía, habló el tema largamente con los bloques políticos. Es más, dos funcionarios de su cartera fueron ayer a la Comisión de Asuntos Constitucionales para disipar dudas y acordar algunas modificaciones. Es que entre martes y miércoles, legisladores oficialistas recibieron a colegios profesionales del Derecho y las Ciencias Económicas que plantearon algunas modificaciones que no hicieron al fondo de la cuestión. En definitiva, Santa Fe avanza hacia un camino similar al dispuesto por el gobierno nacional. Ya el ex gobernador Omar Perotti había presentado un mensaje en líneas generales sobre la materia que no había avanzando en términos legislativos.
En la votación en general, en Diputados, solo el bloque del Frente Amplio por la Soberanía votó en rechazo al proyecto y luego el interbloque justicialista se abstuvo en un artículo en la votación en particular y la libertaria Silvia Malfessi en otro. En cambio, en Senado hubo votación unánime en las dos ocasiones.
Fue Astrid Hummel (Pro) la encargada de exponer por el oficialismo y luego el radical Martín Rosúa el encargado de reafirmar algunos conceptos ante los cuestionamientos del bloque del Frente Amplio por la Soberanía. “La ley sancionada será para agilizar la inscripción de personas jurídicas y sociedades comerciales y para eso el Estado adapta sus órganos para facilitar la tarea de los ciudadanos”, dijo la rosarina. “Es una ley para desburocratizar el Estado, mejorar la gobernanza y mejorar la calidad institucional”, acotó Hummel. Luego recordó que hasta hoy coexisten la IGPJ dentro del Ejecutivo y el Registro dentro del Poder Judicial “coexistencia que no solo duplica trámites para crear una sociedad sino también significa una doble imposición tributaria. Nos enorgullece el camino tomado por nuestro gobernador”, remató la legisladora del Pro.
La izquierda, a través de Carlos Del Frade, cuestionó la tendencia a la concentración de poder por parte del Ejecutivo, reforzado con esta norma y además reprochó al oficialismo de la Cámara que solo discute los temas que llegan desde la Casa Gris cortando toda iniciativa de la oposición. Sobre el final, Rosúa insistió que la ley simplifica trámites, agiliza la tarea dentro del Ejecutivo y traslada a ese poder una función que hoy tiene el Poder Judicial y que no tiene sentido que esté allí. “Nada tiene que hacer el Poder Judicial en tareas de registración o de control de personas jurídicas”, subrayó el radical.
En la IGPJ se deberán inscribir las sociedades constituidas bajo alguno de los tipos sociales previstos en el Capítulo II de la Ley N° 19.550; Sociedades por Acciones Simplificadas; los contratos asociativos; transferencias de fondos de comercio; contratos de fideicomiso, y de cualquier otro contrato cuya inscripción registral corresponda por la normativa vigente; sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en la provincia de Santa Fe, constituyan sociedad en la República o adquieran participaciones societarias de sociedades inscriptas en el país; asociaciones civiles con personería jurídica; fundaciones; y los colegios profesionales y otras personas jurídicas no estatales, en los casos y con el alcance que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación.
La norma entrará en vigencia a los seis meses de promulgada en el Boletín Oficial con la posibilidad de que -por única vez- el Ejecutivo extiende el plazo por otros seis meses.
La Inspección tendrá toda la competencia en materia de fiscalización y de registro de esas sociedades. “La IGPJ debe actuar dando especial prevalencia al principio de celeridad y facilitación de trámites y con la premisa de no entorpecer la gestión, el gobierno y la sustentabilidad del correcto funcionamiento de las personas jurídicas; propender a la digitalización de los procedimientos internos, la simplificación de los trámites, la despapelización y los demás principios establecidos en la Ley 14256 de Gobernanza de Datos e Innovación Pública”, señala el artículo 5.
La ley deja en manos de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de establecer las estructuras orgánico funcionales de la Inspección garantizando el buen cumplimiento de las competencias asignadas, debiendo priorizar la capacidad técnica en la materia de quienes ocupen los cargos que se conformen.
Con información de El Litoral
